El encargado de Despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), Gilberto Loya Chávez, defendió la legalidad de la investigación contra el exfiscal general César Jáuregui Moreno por el caso de El Pinal y rechazó que la detención se haya realizado de manera arbitraria, al asegurar que las actuaciones ministeriales respetaron los derechos humanos y el debido proceso.
Al ser cuestionado sobre los argumentos de la defensa, que ha señalado una presunta incompetencia de la unidad especial y planteado que la investigación debió ser encabezada por la Fiscalía Anticorrupción, Loya sostuvo que la dependencia estatal cuenta con atribuciones para investigar los hechos y llevarlos ante los tribunales.
“Por supuesto que no. La detención se hace de manera formal, de manera legal, siempre resguardando los derechos humanos de las personas”, afirmó el funcionario, quien agregó que la defensa tiene derecho a presentar los argumentos que considere convenientes, aunque eso no significa que necesariamente tenga razón.
Loya explicó que la unidad especial fue creada para investigar las presuntas responsabilidades de servidores públicos en los hechos relacionados con el operativo en El Pinal, particularmente las posibles omisiones y el delito de coalición. Añadió que tanto la gobernadora como el titular de la Fiscalía tienen facultades legales para designar unidades específicas para atender determinados hechos delictivos.
Respecto a otras posibles investigaciones contra Jáuregui y otros exfuncionarios, el encargado de Despacho evitó revelar el número de carpetas abiertas o las conductas bajo indagatoria, al señalar que existen expedientes en proceso de integración y que divulgar información podría interferir con los procedimientos judiciales. También recordó que las personas investigadas mantienen la presunción de inocencia.
Sobre la presencia de agentes estadounidenses en instalaciones de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas, Loya se negó a especular acerca de una posible operación clandestina o de otros alcances de su participación. Indicó que la investigación estatal se concentra en las presuntas irregularidades del fuero común relacionadas con la actuación de funcionarios públicos.
El funcionario defendió además la colaboración institucional con autoridades de Estados Unidos y aseguró que, durante su gestión como secretario de Seguridad Pública Estatal, los trabajos conjuntos se realizaron dentro del marco legal y mediante mecanismos de coordinación en los que participaban autoridades mexicanas y estadounidenses, incluida la representación de la Cancillería.
“Todo lo que nosotros trabajábamos con ellos siempre estaba presente la Cancillería”, sostuvo Loya, quien añadió que actualmente busca fortalecer la formalización de los mecanismos de colaboración entre la FGE y otras autoridades, tanto nacionales como extranjeras.
Finalmente, señaló que la Fiscalía respetará las resoluciones judiciales relacionadas con el caso y que cualquier inconformidad será planteada por las vías legales correspondientes. La investigación estatal se mantiene centrada en las presuntas omisiones y responsabilidades de los servidores públicos involucrados, mientras las actuaciones relacionadas con la participación de agentes extranjeros también se desarrollan en el ámbito federal.