El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, calificó como un hecho grave la formulación de imputación y la eventual solicitud de extradición que autoridades de Estados Unidos habrían realizado contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez y otros exfuncionarios, por presuntos vínculos con el narcotráfico.
El funcionario estatal refirió que, de acuerdo con lo difundido en medios, se trataría de señalamientos directos contra al menos nueve servidores públicos relacionados con temas de seguridad, incluso con solicitudes de detención, lo que obliga a esperar el posicionamiento oficial del Gobierno de la República y el desarrollo de las investigaciones.
De la Peña Grajeda advirtió que, en caso de confirmarse las acusaciones, el primer agravio no sería internacional, sino contra la propia sociedad mexicana, al tratarse de funcionarios que habrían traicionado la confianza pública desde el ejercicio del poder.
Subrayó que si bien el proceso legal en la Unión Americana sería una consecuencia de los hechos, la afectación inicial recae en el pueblo de México, al poner en entredicho la integridad de las instituciones y el desempeño de quienes ocupan cargos públicos.
Asimismo, expresó su expectativa de que este caso no deteriore la relación bilateral entre México y Estados Unidos, especialmente por el impacto que tendría en estados fronterizos como Chihuahua, cuyo desarrollo económico está estrechamente ligado a mecanismos como el T-MEC.
De la Peña insistió en que se debe dar seguimiento puntual al caso y evitar que una situación de esta naturaleza termine por afectar a todos los mexicanos, particularmente en un contexto de cooperación internacional en materia económica y de seguridad.