La defensa del exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, cuestionó la resolución judicial que lo vinculó a proceso por el presunto delito de ejercicio ilegal del servicio público, pero descartó la acusación de coalición de servidores públicos, dentro de la investigación por el operativo realizado en El Pinal. La mañana de este viernes, durante una entrevista con Azucena Uresti en Radio Fórmula, el abogado Héctor Villasana Ramírez sostuvo que existe una contradicción entre ambos criterios, pues consideró que los elementos utilizados para mantener uno de los cargos no serían suficientes para acreditar la conducta que sustenta el otro.
“Entonces digo, pues es un contrasentido si se alega que él conocía de la presencia de los agentes extranjeros, cómo por un lado determinas que no existieron datos para acreditar este acuerdo entre funcionarios para actuar en contra de la ley, pero sí tienes por cierto que él tenía conocimiento e incluso autorizó la presencia de los agentes en el operativo del Pinal”, afirmó el litigante.
El juez de control resolvió la tarde-noche del jueves 22 de octubre vincular a Jáuregui por ejercicio ilegal del servicio público y no vincularlo por coalición, en una causa relacionada con la participación de agentes estadounidenses en el operativo contra un laboratorio clandestino.
De acuerdo con Villasana, uno de los argumentos de la Fiscalía consiste en que Jáuregui habría permitido que Guillermo Arturo Zuany Portillo, entonces director de Operaciones Estratégicas, continuara ejerciendo funciones que correspondían al director de la Agencia Estatal de Investigación.
El abogado explicó que el Ministerio Público atribuye al exfiscal una anuencia tácita para que Zuany asumiera responsabilidades que, según la acusación, no le correspondían. También mencionó como parte de los señalamientos la presunta omisión de informar adecuadamente a la gobernadora sobre lo ocurrido en el operativo, así como la versión pública que presentó el entonces fiscal después de los hechos.
Frente a esos argumentos, el defensor insistió en distinguir entre la autorización de un operativo y el conocimiento de cada una de las decisiones tomadas durante su ejecución. “Entonces no habría que confundir las premisas de la autorización del operativo con esto: en automático no te hace conocedor de lo que sucede operativamente”, explicó.
Según Villasana, la organización material de las operaciones en campo corresponde a los mandos de la Agencia Estatal de Investigación y de Operaciones Estratégicas, quienes reúnen al personal, coordinan los recursos y establecen la logística necesaria para realizar las intervenciones.
En ese sentido, señaló a Zuany Portillo y al comandante José Guevara Cervantes como los mandos que, según los testimonios citados por la defensa, habrían organizado el despliegue de El Pinal, incluido el reclutamiento de agentes, la disposición de vehículos y combustible, así como la solicitud de apoyo a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en el destacamento de Guachochi.
Villasana sostuvo que los agentes y comandantes que han declarado coinciden en atribuir a esos mandos la organización operativa. No obstante, la versión de la defensa deberá contrastarse con los datos de prueba presentados por el Ministerio Público y las determinaciones judiciales que correspondan.
El abogado también cuestionó la situación procesal de Zuany, quien fue citado inicialmente a declarar como testigo y posteriormente adquirió el carácter de imputado. “No hemos tenido acceso a él porque le fue obtenido como testigo y lo que él haya dicho como testigo, pues no puede ser utilizado dentro de la causa penal en la que ahora tiene el carácter de imputado”, sostuvo, al explicar que la defensa busca conocer esa declaración y determinar sus alcances legales. Zuany cuenta con una orden de aprehensión y permanece prófugo, de acuerdo con la información difundida sobre el caso.
Villasana insistió en que la resolución debe analizarse a partir de las diferencias entre la responsabilidad jerárquica del exfiscal y la ejecución material del operativo. La defensa cuestionó la valoración judicial y sostuvo que los hechos deben examinarse sin equiparar la autorización institucional de una operación con el conocimiento directo de las decisiones tomadas en el terreno.