El exfiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, fue trasladado desde la noche del domingo al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano, en Toluca, Estado de México, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutara una orden de aprehensión en su contra al término de la audiencia inicial por la causa penal estatal, confirmó este lunes su abogado defensor, Héctor Villasana Ramírez.
El litigante señaló que todavía no cuenta con una fecha ni hora para la audiencia inicial del procedimiento federal, debido a que la jueza correspondiente deberá determinar cómo se desarrollará el proceso. Explicó que la defensa se encuentra coordinándose para definir los pasos legales a seguir, ante la posibilidad de que el procedimiento federal avance mientras permanece pendiente la resolución de la situación jurídica de Jáuregui en Chihuahua, cuya audiencia de vinculación o no a proceso está programada para las 10:00 horas del jueves.
Villasana Ramírez consideró que la ejecución de la orden federal mientras su representado atendía el procedimiento estatal constituye una violación a su derecho de defensa, previsto en el artículo 20 de la Constitución, pues sostuvo que el exfiscal debe tener la posibilidad de estar presente en las audiencias, declarar y ofrecer pruebas dentro de la causa que se sigue en Chihuahua. A su juicio, la tramitación simultánea de ambos procedimientos podría limitar el ejercicio de esas garantías, por lo que adelantó que realizarán gestiones y promoverán recursos para cuestionar la forma en que se efectuó la detención.
El abogado también sostuvo que no era necesario librar una orden de aprehensión contra Jáuregui, debido a que, según afirmó, había comparecido previamente cuando fue citado por autoridades estatales y federales para declarar sobre los hechos. Asimismo, cuestionó que la Fiscalía General del Trasladan a Jáuregui al Altiplano; defensa acusa violación a su derecho de defensa
El exfiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, fue trasladado desde la noche del domingo al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano, en Toluca, Estado de México, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutara una orden de aprehensión en su contra al término de la audiencia inicial por la causa penal estatal, confirmó este lunes su abogado defensor, Héctor Villasana Ramírez.
El litigante señaló que todavía no cuenta con una fecha ni hora para la audiencia inicial del procedimiento federal, debido a que la jueza correspondiente deberá determinar cómo se desarrollará el proceso. Explicó que la defensa se encuentra coordinándose para definir los pasos legales a seguir, ante la posibilidad de que el procedimiento federal avance mientras permanece pendiente la resolución de la situación jurídica de Jáuregui en Chihuahua, cuya audiencia de vinculación o no a proceso está programada para las 10:00 horas del jueves.
Villasana Ramírez consideró que la ejecución de la orden federal mientras su representado atendía el procedimiento estatal constituye una violación a su derecho de defensa, previsto en el artículo 20 de la Constitución, pues sostuvo que el exfiscal debe tener la posibilidad de estar presente en las audiencias, declarar y ofrecer pruebas dentro de la causa que se sigue en Chihuahua. A su juicio, la tramitación simultánea de ambos procedimientos podría limitar el ejercicio de esas garantías, por lo que adelantó que realizarán gestiones y promoverán recursos para cuestionar la forma en que se efectuó la detención.
El abogado también sostuvo que no era necesario librar una orden de aprehensión contra Jáuregui, debido a que, según afirmó, había comparecido previamente cuando fue citado por autoridades estatales y federales para declarar sobre los hechos. Asimismo, cuestionó que la Fiscalía General del Estado modificara su condición de testigo a imputado y aseguró que ese cambio quedó relacionado en la carpeta de investigación con la entrevista que la gobernadora Maru Campos Galván concedió a Latinus.
Reiteró que la defensa insistirá en la audiencia estatal en que la unidad especializada creada para investigar los hechos carece de competencia para perseguir los delitos atribuidos al exfiscal. De acuerdo con Villasana Ramírez, esa función correspondería a la Fiscalía Anticorrupción, por lo que impugnará la legalidad del acuerdo y decreto mediante los cuales se estableció la unidad investigadora. Los señalamientos forman parte de la estrategia jurídica de la defensa y deberán ser analizados por las autoridades judiciales correspondientes.