En un movimiento que ha generado diversas lecturas dentro de los círculos jurídicos y políticos de Chihuahua, el exgobernador César Duarte Jáquez decidió revocar el nombramiento de los abogados que lo representaban en los procesos penales que enfrenta ante autoridades estatales, dando paso a una reestructuración total de su equipo de defensa. La decisión fue formalizada durante una audiencia judicial celebrada esta semana.
De acuerdo con la información dada a conocer por distintos medios de comunicación, dejaron de representar al exmandatario los abogados Héctor Villasana, Enrique Muñoz, Irving Anchondo Paredes y Juan Carlos Mendoza, quienes habían encabezado la estrategia jurídica de Duarte en diversas causas penales desde 2024. El propio Villasana confirmó durante la audiencia que la determinación obedeció a una decisión directa del exgobernador.
El cambio se produjo durante una audiencia relacionada con el cumplimiento de una sentencia de amparo vinculada al delito de asociación delictuosa, uno de los procesos que siguen abiertos contra el exmandatario priista, actualmente recluido en el penal federal del Altiplano.
Aunque inicialmente no se dieron a conocer los nombres de los nuevos litigantes, posteriormente trascendió que la nueva defensa estaría integrada por abogados del municipio de Nuevo Casas Grandes. Entre los nombres que han sido mencionados se encuentran Javier Soto Orduño y César Guillermo Márquez Villa, integrantes de un despacho jurídico con sede en aquella región del estado, así como César Octavio Guadarrama Palomino y Héctor Iram López García.
La incorporación de un nuevo equipo obligó incluso al diferimiento de actuaciones judiciales para permitir a los abogados entrantes revisar los expedientes y asumir formalmente la representación legal del exgobernador, según versiones periodísticas.
El relevo ocurre en un momento particularmente relevante para Duarte, quien mantiene abiertos diversos frentes judiciales tanto en el ámbito estatal como federal. Apenas en meses recientes obtuvo resoluciones favorables derivadas de amparos que han frenado temporalmente algunos procedimientos, sin que ello haya significado la conclusión de los procesos o su liberación.
Si bien hasta el momento no se han informado públicamente las razones específicas detrás del cambio de defensa, la decisión ha generado especulaciones sobre una posible modificación de la estrategia jurídica de cara a las siguientes etapas procesales. Por ahora, lo único confirmado es la salida del equipo que acompañó a Duarte durante los últimos dos años y la entrada de nuevos abogados que tendrán la responsabilidad de conducir una de las defensas más mediáticas y complejas del estado.