El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, calificó como “fatal” la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mediante la cual fueron invalidadas diversas disposiciones de la reforma electoral de Chihuahua relacionadas con posibles actos de intervención de la delincuencia organizada en los procesos electorales. El presidente municipal cuestionó el criterio adoptado por los ministros y consideró que el máximo tribunal debió asumir una postura más firme ante este tipo de riesgos.
Bonilla expresó su preocupación por el rumbo que, a su consideración, está tomando el país y señaló que la resolución representa una oportunidad perdida para establecer una posición contundente frente a la posible injerencia de grupos criminales en las elecciones. El alcalde sostuvo que las instituciones deben contribuir a garantizar procesos electorales libres de este tipo de presiones.
Durante sus declaraciones, también realizó señalamientos contra Morena y mencionó presuntos vínculos entre actores políticos y organizaciones criminales. Como parte de sus argumentos, hizo referencia a Carlos Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, quien, de acuerdo con lo expuesto por Bonilla, fue sancionado recientemente por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con una facción del Cártel de Sinaloa; Torres ha rechazado dichas acusaciones.
El alcalde también relacionó sus señalamientos con otros casos que, según afirmó, involucran a funcionarios y políticos en distintas partes del país, además de mencionar investigaciones y detenciones atribuidas a la llamada Operación Zafiro. Bonilla sostuvo que la actuación de las autoridades debe considerar el impacto de la violencia y las desapariciones, y cuestionó que la Suprema Corte no haya mantenido las disposiciones de la reforma que buscaban establecer mecanismos frente a una eventual participación del crimen organizado en los procesos electorales.