La dirigencia de la Sección 42 del SNTE entregó el pasado 1 de mayo a la gobernadora María Eugenia Campos Galván un amplio pliego petitorio en el que advierte que el magisterio estatal “sabe reconocer el cumplimiento, pero también defender con unidad y firmeza” sus derechos laborales, salariales y de seguridad social.
Entre las principales exigencias planteadas por el comité encabezado por Manuel Quiroz Carbajal destacan el rescate urgente del servicio médico de Pensiones Civiles del Estado, terminar con la injerencia gubernamental en los litigios de la Clave L Plus, la creación de un fondo de vivienda para el magisterio estatal, basificaciones para PAAE y orientadores, homologación salarial para personal de nuevo ingreso, el pago de 35 horas para Telesecundaria y la actualización del estímulo económico por estudios de posgrado.
En el documento, el sindicato reconoce avances recientes para estabilizar las finanzas de PCE y el pago del RZ, al que calificó como “histórico”, pero sostuvo que ello resulta insuficiente ante la magnitud de la crisis que enfrenta el sistema de salud de los trabajadores de la educación.
La Sección 42 demandó además el cese de funcionarios de segundo y tercer nivel de la Secretaría de Educación y Deporte y de Hacienda, a quienes acusa de obstaculizar trámites, pagos y derechos laborales mediante burocracia y centralización administrativa.
Asimismo, exigió mayor presupuesto para promoción horizontal, devolución de becas comisión retiradas en 2014, incremento en aguinaldo para Nivel Superior, derecho irrestricto a permutas, aplicación real de la estructura ocupacional, cumplimiento al artículo 20 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado y reducción del número de alumnos por grupo, especialmente donde existan estudiantes con discapacidad o barreras para el aprendizaje.
A continuación, el documento íntegro con correcciones de estilo:
Fecha: 01 de mayo de 2026
Oficio Núm. 530/2026
Asunto: El que se indica
A LA C. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN
GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE.-
Durante décadas, el magisterio y el personal de apoyo y asistencia a la educación chihuahuense han sido la columna vertebral del desarrollo de nuestro estado. Desde las aulas más remotas de la Sierra Tarahumara hasta los centros urbanos y las zonas fronterizas, las y los agremiados de la Sección 42 han sido parte vital en la formación de la sociedad de todo el estado de Chihuahua, moldeando el presente y el futuro de nuestra tierra en cada uno de sus municipios. Esta entrega incondicional, que trasciende el deber profesional para convertirse en una vocación de vida, debe ser reconocida y revalorada tanto social como económicamente.
Como Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, nuestra razón de ser y principal labor es la defensa irrestricta de los derechos de los trabajadores y la protección de la Escuela Pública como el único instrumento de movilidad social para el pueblo. Bajo esta premisa, y con el respaldo de nuestra base estatal, presentamos las siguientes demandas:
Si bien reconocemos los avances y esfuerzos recientes por estabilizar las finanzas de nuestra institución de seguridad social, estos resultan insuficientes ante la magnitud de la crisis heredada. Exigimos un plan de fortalecimiento integral que garantice, de manera inmediata, una mejor atención médica, la actualización de equipos clínicos y la suficiencia presupuestal para que Pensiones Civiles del Estado recupere su lugar como la mejor institución de salud en el estado. El bienestar de las y los agremiados no puede esperar saneamientos a largo plazo; la salud es hoy.
Cumplimiento de los procesos de basificación para personal de apoyo, orientadores y la compactación de horas para docentes de Hora-Semana-Mes.
Exigimos la constitución de un fondo de vivienda sólido y transparente. Es inaceptable que, a diferencia de los compañeros federalizados, el magisterio estatal carezca de un esquema de créditos hipotecarios accesibles que garantice el derecho constitucional a una vivienda digna.
Homologación salarial de nuevo ingreso: exigimos que el personal de reciente incorporación perciba salarios y prestaciones iguales a los de sus homólogos federales. A igual trabajo, igual salario; no permitiremos maestros de “primera” y de “segunda” en Chihuahua.
En un acto de congruencia con la equidad de género, exigimos que el derecho al pago de guardería se extienda a los padres trabajadores de la educación. La responsabilidad del cuidado infantil debe ser compartida y el Estado debe garantizar este apoyo a todos los agremiados sin distinción de género.
Exigimos el fin de la intromisión de las dependencias gubernamentales en los procesos judiciales que mantienen nuestros agremiados por la Clave L Plus. Es inaceptable que, mientras en el discurso se habla de respeto al magisterio, en los hechos se utilicen tácticas dilatorias y recursos legales para frenar el avance de una demanda justa. Exigimos que el Gobierno del Estado actúe con ética procesal, deje de boicotear el camino jurídico de esta prestación y se allane a la razón histórica que nos asiste.
Exigimos el reconocimiento y pago inmediato de las 35 horas de Telesecundaria para las y los compañeros de este nivel. La labor pedagógica en las zonas más apartadas del estado no puede seguir siendo subestimada.
Exigimos la homologación con el esquema federal en el pago de la compensación por culminación de la Licenciatura del Plan de Estudios 1994 de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), terminando con la disparidad que afecta a los egresados estatales.
Demandamos un incremento sustancial al presupuesto de promoción horizontal y la inclusión del Nivel Medio Superior. Para ello, exigimos que el recurso que históricamente se aplicaba a los escalafones horizontales y a los estímulos al desempeño docente sea reetiquetado íntegramente y aplicado a los procesos actuales de promoción, garantizando que el beneficio llegue a más trabajadores.
Demandamos la devolución inmediata de las Becas Comisión otorgadas por el Estado, derecho histórico del magisterio que fue retirado de manera unilateral y arbitraria en el año 2014. Reivindicamos que estas becas deben ser alternas e independientes a las ofertadas por los procesos de la USICAMM, garantizando un esquema estatal propio que facilite el acceso a estudios de posgrado con goce de sueldo, sin las limitantes ni la excesiva burocracia del sistema federal. Instamos a las autoridades a asegurar el presupuesto necesario para que este beneficio recupere su alcance y sentido original en favor de la superación profesional del magisterio chihuahuense.
Es inadmisible que el pago por estudios de posgrado permanezca congelado desde hace más de 15 años. Demandamos que dicho monto se actualice y se establezca con una base de cuatro salarios mínimos, garantizando que este estímulo aumente de manera proporcional y automática a la par del salario mínimo general.
Exigimos el incremento inmediato en los días de aguinaldo para las y los compañeros del Nivel Superior. Es inaceptable que esta prestación permanezca estancada desde el año 2014, ignorando que se trata de una negociación de carácter estrictamente estatal. El magisterio del Nivel Superior requiere que se reconozca su labor mediante la actualización de esta percepción, corrigiendo un rezago histórico que ha afectado su poder adquisitivo por más de 11 años.
Exigimos que se garantice de manera plena el derecho de las y los compañeros a realizar permutas de adscripción de mutuo acuerdo. Este proceso debe estar exento de la imposición de fechas preestablecidas o periodos limitantes que obstaculicen la movilidad laboral. La autoridad educativa debe facilitar estos movimientos en cualquier momento del ciclo escolar cuando exista acuerdo entre las partes, priorizando la estabilidad familiar y el bienestar del personal docente y de apoyo.
Asignación de presupuesto específico para la aplicación real y efectiva de la estructura ocupacional en todos los niveles, terminando con la sobrecarga administrativa y la falta de personal en áreas clave.
Exigimos que la Secretaría de Hacienda ejecute las acciones administrativas y presupuestales para dar cumplimiento inmediato al Artículo 20 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado.
Demandamos que se garantice el derecho de las y los trabajadores a optar por el descuento de hasta el 2 por ciento de su salario para el rubro de ahorro solidario, obligando al Estado, en su calidad de empleador, a depositar un peso con veinticinco centavos por cada peso ahorrado por el trabajador.
Con el fin de asegurar una educación de excelencia y salvaguardar la salud mental del personal docente, demandamos la reducción inmediata del número de alumnos por grupo, especialmente en zonas urbanas donde el hacinamiento es pedagógicamente insostenible. Esta medida debe priorizar la equidad en el aula, estableciendo que en aquellos grupos donde se encuentren integrados alumnos con discapacidad o que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación (BAP), la matrícula se reduzca de manera proporcional. Lo anterior, con el objetivo de garantizar una atención personalizada, inclusiva y de calidad, evitando la sobrecarga laboral y el agotamiento profesional del magisterio.
Exigimos el respeto a la autonomía técnica y operativa de la Secretaría de Educación y Deporte. La excesiva centralización de decisiones financieras en la Secretaría de Hacienda ha provocado un colapso administrativo que se traduce en retrasos de pagos, bloqueos de plazas y una burocracia que asfixia el funcionamiento de las escuelas. La educación debe gestionarse con criterios pedagógicos y humanos, no bajo una visión estrictamente recaudatoria y de austeridad mal entendida.
Exigimos el cese inmediato de funcionarios de segundo y tercer nivel en las áreas administrativas de la SEyD y Hacienda que, lejos de facilitar los procesos, se han convertido en obstáculos para la justicia laboral. No permitiremos que la cerrazón y el desconocimiento de personajes que perjudican la relación bilateral sigan afectando los trámites, pagos y derechos de nuestros agremiados. Requerimos interlocutores sensibles, no burócratas que frenen el avance del magisterio.
Reconocemos en su administración la voluntad política demostrada al concretar el pago del RZ, un hecho que calificamos como histórico para todo el magisterio estatal. Sin embargo, ese paso debe ser el inicio de una ruta de justicia permanente. La estabilidad de la educación en Chihuahua depende del bienestar de quienes la imparten y de la eliminación de los lastres burocráticos que hoy denunciamos.
Por ello, la invitamos a que, con ese mismo espíritu de compromiso, se dé cumplimiento a estas justas demandas. El magisterio de la Sección 42 sabe reconocer el cumplimiento, pero también sabe defender con unidad y firmeza, desde cada región del estado, lo que por derecho le corresponde.
Atentamente
“Por la Educación al Servicio del Pueblo”
Por el Comité Ejecutivo Seccional
Manuel Quiroz Carbajal
SECRETARIO GENERAL
