A un año de que inicie formalmente el proceso electoral de 2027, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez, reconoció que la autoridad mantiene especial atención sobre municipios que ya presentaron incidentes relacionados con la inseguridad y la posible injerencia del crimen organizado en los comicios anteriores, destacando los casos de Guadalupe y Calvo y Ocampo.
Cuestionado este lunes sobre la existencia de focos rojos rumbo a la próxima elección, el funcionario señaló que la corporación continúa realizando análisis de riesgo en distintas regiones del estado, aunque advirtió que una parte fundamental para blindar el proceso dependerá de las reglas que definan las autoridades electorales respecto a la selección y revisión de candidaturas.
“Estamos esperando qué es lo que se defina en términos de la ley para la selección que tengan los candidatos de los partidos”, expresó, al considerar necesario establecer mecanismos que impidan la infiltración de la delincuencia organizada en los procesos democráticos.
Loya recordó que durante la elección pasada se registraron hechos que encendieron alertas en municipios serranos. En Ocampo, apuntó, la elección tuvo que repetirse, mientras que en Guadalupe y Calvo se reportó el robo de urnas al momento del cierre de la jornada electoral.
“Tenemos focalizado ahí”, afirmó el secretario, quien aseguró que la SSPE mantiene seguimiento permanente a las condiciones de seguridad en ambos municipios para prevenir escenarios similares en 2027.
Asimismo, sostuvo que existe preocupación institucional por evitar que personas vinculadas con grupos criminales lleguen a contender por cargos de elección popular, por lo que consideró indispensable que los órganos electorales definan mecanismos de revisión y control sobre los perfiles que sean postulados por los partidos políticos.
El titular de la SSPE también fue cuestionado sobre las recientes declaraciones del dirigente estatal del PRI, Alejandro Domínguez, quien aseguró que en el municipio de Morelos las elecciones pasadas fueron prácticamente “secuestradas” por grupos delictivos.
Al respecto, recordó que desde el proceso anterior llamó la atención que únicamente se registrara una candidatura para la alcaldía, situación que calificó como atípica y que, vista a la distancia, cobra relevancia ante los señalamientos de presuntas presiones criminales sobre actores políticos de la región.
No obstante, señaló que en aquel momento no se presentaron denuncias formales ni solicitudes de protección ante las autoridades electorales o de seguridad, lo que limitó la capacidad de reacción institucional.
“Probablemente eso pasó en esas elecciones, lamentablemente nadie lo denunció, nadie solicitó ese tipo de garantías y nosotros no lo pudimos prestar”, manifestó.
Loya aseguró que para los próximos comicios la prioridad será garantizar condiciones de seguridad para todos los aspirantes, independientemente de su partido político. Recordó que durante el proceso electoral anterior se estableció un mecanismo de evaluación de riesgos para candidatas y candidatos que solicitaron protección a través del Instituto Estatal Electoral.
Como ejemplo mencionó el caso de la hoy alcaldesa de Guadalupe y Calvo, quien recibió protección de la Guardia Nacional desde su etapa como candidata tras denunciar amenazas en su contra, esquema que continúa vigente debido a las condiciones de riesgo que prevalecen en la zona.
El secretario sostuvo que la responsabilidad de blindar las elecciones debe ser compartida entre autoridades y partidos políticos, e insistió en que las instituciones deberán contar con herramientas que permitan detectar oportunamente posibles vínculos entre aspirantes y organizaciones criminales.
“Vamos a presionar en la medida de nuestras posibilidades para que haya alguna autoridad que pueda definir si ciertos candidatos tienen vínculo con la delincuencia organizada y evitar que esas personas lleguen a ser autoridad y se conviertan en un problema”, concluyó.