Chihuahua.- El coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Congreso de Chihuahua cuestionó severamente los recientes movimientos políticos en Sinaloa, criticando el breve regreso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura por unas horas. El legislador lanzó cuestionamientos directos sobre quién manda en el país, quién le dio la orden a Rocha Moya de volver a la gubernatura de Sinaloa y quién lo mandó de regreso a su casa, en una clara referencia hacia el expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; Chávez señaló que hay pruebas en su contra y debería estar detenido bajo proceso, por lo que respaldó la exigencia de la dirigencia nacional de su partido para declarar la desaparición de poderes en Sinaloa y promover un juicio político urgente.
El legislador exigió que se esclarezca la cadena de mando detrás de estos movimientos, señalando la gravedad de que se decida de manera externa quién asume y quién deja el cargo en dicha entidad.
Asimismo, el diputado manifestó el respaldo de su bancada a las declaraciones de la gobernadora de Chihuahua respecto al caso de Ernesto Rufo Appel, a quien calificó firmemente como un «preso político» de la cuarta transformación en medio de una disputa interna de Morena. En este sentido, denunció que el gobierno de Estados Unidos retiró la visa al «heredero de la cuarta transformación», refiriéndose a Andy López, por presuntos vínculos con el «cártel Tabasco» y el huachicol, advirtiendo con preocupación que dicha organización criminal pretende ingresar al estado de Chihuahua.
Chávez afirmó que los recientes acontecimientos en Sinaloa dejan en claro la existencia de un «narco pacto» operado por Morena. Criticó fuertemente que la justicia en México se aplique de manera selectiva, beneficiando solo a unos cuantos y permitiendo que se mantengan este tipo de acuerdos con grupos delictivos.
El coordinador parlamentario comentó que, lejos de estar en libertad o retomando funciones públicas, Rubén Rocha Moya debería estar detenido y bajo un proceso judicial formal. Sostuvo que existen pruebas suficientes en contra del funcionario sinaloense que justifican una acción penal inmediata por parte de las autoridades correspondientes
