Chihuahua.- El coordinador de la bancada de Morena en el Congreso de Chihuahua, Cuauhtémoc Estrada, acusó al Gobierno del Estado de utilizar el doloroso fenómeno del desplazamiento forzado en Guadalupe y Calvo para sacar «raja política» y fomentar una campaña electoral. Ante las declaraciones del secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, sobre la supuesta ausencia de dependencias federales y la imposibilidad de ingresar a la zona por la inseguridad, Estrada señaló que es inaceptable que se use ese argumento cuando el propio secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, anda hablando de que ya se registró como aspirante a la gubernatura.
El legislador compartió su profunda empatía con las familias afectadas, revelando que él mismo y su familia sufrieron en carne propia el desplazamiento forzado en el año 2009. Explicó que este flagelo es un proceso sumamente doloroso y de difícil transición, ya que implica para las personas perder no solo su casa, su patrimonio y su actividad, sino toda una forma de vida en sus comunidades rurales. Por ello, exhortó a las autoridades a no buscar ventajas políticas y a asumir la responsabilidad que les corresponde.
Para atender de manera adecuada a los afectados por este fenómeno, el diputado enfatizó que el desplazamiento forzado no es voluntario y que no se resuelve únicamente con la entrega de alimentos. Al tratarse de un problema provocado por la inseguridad, Estrada señaló que la manera de atenderlo integralmente es asumiendo la responsabilidad de brindar seguridad a las familias, una tarea que compete y en la que deben coordinarse tanto el gobierno federal como el gobierno estatal. Asimismo, exhortó a que las autoridades locales dejen de actuar como una comisión de quejas y asuman un rol resolutivo, abonando a un esquema positivo de coordinación y unidad que ponga en primer término el bienestar y la protección de las personas afectadas.
Estrada desmintió categóricamente las declaraciones del Secretario de Gobierno, Santiago de la Peña, sobre una supuesta crisis de alimentos provocada por la imposibilidad de que ingresen las unidades de Liconsa. El diputado informó que se comunicó directamente con personal de dicha institución, quienes le confirmaron que realizan sus recorridos de abastecimiento con total normalidad cada 15 días, habiendo realizado el último hace dos semanas y teniendo programado el siguiente de manera habitual. Asimismo, cuestionó que si el programa estatal «Nutri Chihuahua» realmente funciona con los 727 millones de pesos que dice tener, no tendría por qué haber una crisis alimentaria, sugiriendo que de ser así, dicho programa habría fracasado.
Para contrastar la narrativa estatal sobre el abandono de la región, el coordinador de Morena presentó datos duros del municipio de Guadalupe y Calvo, el cual cuenta con una población aproximada de poco más de 50,000 habitantes. Detalló que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum atiende de manera directa a 33,397 personas (más del 66% de la población), destinando 1,208 millones de pesos anuales en apoyos directos. Esta cifra contrasta significativamente con el presupuesto anual del municipio, que es de 394 millones de pesos (conformado por aportaciones federales y estatales), lo que significa que la ciudadanía recibe directamente 3.07 veces más recursos que todo el presupuesto municipal. «Si todo se lo va a dejar al gobierno federal, ¿entonces para qué queremos un gobierno en la entidad?», cuestionó.
Finalmente, respecto a la situación de seguridad en comunidades como Cinco Llagas, el diputado abordó las denuncias de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, las cuales acusaron al secretario general de Gobierno de retornar a las familias desplazadas a sus lugares de origen en contra de su voluntad y bajo persistentes condiciones de violencia. Estrada enfatizó que el desplazamiento es un problema de inseguridad que compete tanto al gobierno federal como al estatal, por lo que exigió al Ejecutivo local dejar de eludir su responsabilidad, actuar como un ente resolutivo en lugar de una comisión de quejas, y priorizar una coordinación real y positiva para proteger a las familias.
