El diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, denunció a las compañías telefónicas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) que, acusó, están extorsionando a millones de mexicanos al condicionar el acceso al servicio de telefonía a la entrega de datos personales mediante el registro obligatorio de líneas celulares.
“Están obligando a los ciudadanos a entregar su información más sensible bajo amenaza de quedarse incomunicados. Eso es extorsión y es un abuso intolerable”, declaró.
Francisco Sánchez advirtió que las empresas de telefonía están actuando como ejecutoras de una política que vulnera los derechos de los consumidores, al imponer requisitos indebidos para el acceso a un servicio esencial.
“Están condicionando tu derecho a comunicarte. Te dicen: o entregas tus datos o te quitamos el servicio. Eso es un abuso directo contra millones de usuarios”, señaló.
El legislador sostuvo que esta práctica constituye una violación a los derechos del consumidor y debe ser sancionada por la Profeco, al tratarse de una imposición que altera las condiciones del servicio contratado.
Asimismo, alertó que esta medida no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia más amplia para establecer un sistema de vigilancia sobre la población.
“Primero quisieron tus datos biométricos, después quisieron vincular tu identidad a cada línea telefónica y ahora buscan controlar todos los aspectos de tu vida, hasta el cómo usas tu dinero. Es una ruta clara hacia una tecnodictadura”, afirmó.
Francisco Sánchez hizo un llamado a los ciudadanos a no ceder ante estas presiones y a defender su libertad frente a lo que calificó como un intento de sometimiento.
“México no es un país de ciudadanos vigilados. No vamos a aceptar que se nos trate como sospechosos permanentes. No vamos a entregar nuestra libertad a cambio de una falsa promesa de seguridad. Estamos ganando la batalla y vamos a ganar esta guerra contra el régimen de Morena”, expresó.
Finalmente, reiteró que la denuncia ante Profeco busca frenar estos abusos y sentar un precedente para que ninguna empresa pueda condicionar el acceso a servicios básicos a la entrega de datos personales.
