Chihuahua.- La diputada local del PAN y presidenta de la Comisión, Joselyn Vega, señaló que la propuesta de reforma a la Ley de Bienes del Estado de Chihuahua que permitiría la enajenación de predios por parte del Gobierno del Estado sin que pase la autorización por parte del Poder Legislativo, no tiene absolutamente nada que ver con la entrega o regalo de terrenos a personajes específicos o empresarios, rechazando las suspicacias y señalamientos de opacidad emitidos por Morena.
Vega explicó que la modificación planteada a una fracción del artículo 46 de dicha ley busca establecer una excepción exclusiva para agilizar las enajenaciones directas por parte del gobierno estatal dentro de zonas económicas o reservas territoriales, como parques industriales, destinadas únicamente a proyectos estratégicos de inversión económica.
La legisladora detalló que actualmente los trámites para que las empresas se instalen en la entidad demoran entre 8 y 18 meses, lo que resta competitividad a Chihuahua frente a otros estados, por lo que esta reforma busca agilizar los procesos para atraer inversiones y generar empleo bajo el esquema del nearshoring.
Ante las acusaciones de la bancada de Morena sobre un supuesto conflicto de interés que vincula a la titular del Ejecutivo con una inmobiliaria, la diputada señaló que se trata de un tema de desarrollo económico estatal y no de venta de terrenos para vivienda, reiterando que la reforma no eliminará los mecanismos de control, transparencia ni rendición de cuentas vigentes.
«Fíjate que justamente tanto que a Morena le gusta hablar, decir y y y cosas que son incorrectas, está alineado todo este tema la estrategia económica que plantea eh el plan México eh que impulsa la gobernadora, perdón, la presidenta, en este caso eh Claudia y pues todo esto también está orientado a a la relocalización de las empresas o el famoso near shoring», sentenció la legisladora.
El procedimiento de enajenación directa seguirá requiriendo obligatoriamente la autorización del Comité del Patrimonio Inmobiliario Estatal y el cumplimiento de todos los requisitos de la Ley de Bienes del Estado, con la única diferencia de que ya no tendrá que pasar por la votación del Congreso local.
La iniciativa, impulsada originalmente por el diputado Alfredo Chávez del grupo parlamentario del PAN, ya cuenta con un dictamen en sentido positivo aprobado en la comisión que preside Vega, y requerirá de 17 votos en el pleno para su aprobación final, la cual podría darse en un periodo extraordinario en agosto o al inicio del periodo ordinario en septiembre.
«La verdad es que no es un tema de urgencia es un tema de legislación, es un tema de revisión y es un tema que puede salir en cualquier momento, ya sea el extraordinario si es que se realiza o iniciando ya nuestro periodo en septiembre. En cualquiera de los dos momentos está ya listo para ser procesado», mencionó.
