Chihuahua.- El coordinador de la bancada de Morena, Cuauhtémoc Estrada, cuestionó públicamente el remate de un fraccionamiento de interés social de Pensiones Civiles del Estado en el municipio de Cuauhtémoc por 45 millones de pesos, exigiendo que se investigue qué empresa y qué empresario adquirieron dicho inmueble y cuál es su relación con el poder. El legislador vinculó este hecho con la declaración patrimonial de la gobernadora, donde reporta una participación del 98% en una empresa inmobiliaria, señalando la necesidad de indagar posibles conflictos de interés y determinar quiénes se dedican realmente a la especulación inmobiliaria en perjuicio del derecho a la vivienda.
Estrada detalló que el remate en Cuauhtémoc, el cual consta de aproximadamente 167 o 169 viviendas que debieron destinarse a familias sin hogar, se concretó de manera indebida hace unos 10 o 15 días a favor de un particular. Explicó que el gobierno estatal, a través de Pensiones Civiles del Estado, se encuentra rematando tres fraccionamientos de interés social ubicados en Parral, Delicias y Cuauhtémoc, calificando esta acción como improcedente debido a que no corresponde al objeto social de la Comisión Estatal de Vivienda.
A la par de esta denuncia, el líder de la bancada morenista llamó la atención sobre las declaraciones patrimoniales de la gobernadora correspondientes a los años 2024 y 2025. En dichos documentos, la mandataria estatal reporta poseer el 98% de las acciones de la empresa «Administradora Inmobiliaria de Chihuahua S.A.S.», una participación que ostenta desde 2024 a pesar de haber asumido el cargo ejecutivo en 2021.
El diputado local enfatizó que, aunque actualmente no se cuenta con el acta constitutiva ni con el registro de los clientes de dicha inmobiliaria, es indispensable abrir una investigación exhaustiva para conocer la actividad comercial de la empresa y verificar si ha realizado transacciones con la actual administración estatal u otras instancias gubernamentales.
Finalmente, Estrada aclaró que el Congreso del Estado no es la instancia competente para realizar una investigación de carácter penal, pero adelantó que utilizarán las herramientas legislativas disponibles, tales como exhortos y la intervención de la propia auditoría, para que el caso sea turnado a las fiscalías locales y federales, quienes cuentan con las facultades legales para resolver el asunto.
