Chihuahua.- El diputado del PRI Arturo Media, presentó en la tribuna del Congreso del Estado de Chihuahua, un exhorto al Poder Ejecutivo Estatal a Reconocer la Clave “L” O Plaza de Tiempo Completo Mixto como una Plaza Docente y Garantizar el Respeto a los Derechos Adquiridos del Magisterio Estatal, así como a la Secretaría de Educación Pública a efecto de que emita un estudio y opinión técnica sobre la compatibilidad de la Clave L / Clave L Plus con el marco jurídico federal, para construir una solución institucional con certeza jurídica; el exhorto fue aprobado por unanimidad de los legisladores presentes.
El legislador manifestó que las maestras y los maestros constituyen uno de los pilares fundamentales para el desarrollo social, cultural y económico de cualquier sociedad, ya que su labor diaria en las aulas representa no solamente la transmisión de conocimientos, sino también la formación de ciudadanos comprometidos con su comunidad y con el futuro del país.
El legislador tricolor añadió que por ello, resulta indispensable que el Estado garantice condiciones laborales dignas, respeto pleno a los derechos adquiridos y certeza jurídica en el reconocimiento de las categorías profesionales que derivan de su preparación y trayectoria docente.
Medina explicó que en el Estado de Chihuahua, durante varios años operó un mecanismo institucional que reconocía la profesionalización del magisterio estatal mediante la denominada “Clave L”, posteriormente evolucionada como “Clave L Plus”, misma que no constituía un bono discrecional ni un estímulo extraordinario otorgado de manera unilateral, sino que correspondía a una categoría laboral reconocida en instrumentos oficiales del Gobierno del Estado, derivada del denominado Esquema de Educación Básica para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Chihuahua.
Dijo que este esquema permitía que docentes que contaban con formación profesional, particularmente con licenciatura cursada en la Universidad Pedagógica Nacional, pudieran acceder a una plaza con remuneración homologada a la de educación superior, siempre y cuando cumplieran con determinados requisitos establecidos en el documento de formalización correspondiente, tales como la acreditación de su preparación académica, trayectoria laboral y antigüedad en el servicio educativo.
Mencionó que, sin embargo, a partir de la entrada en vigor de la reforma educativa impulsada en el año 2013 y de la promulgación de la Ley General del Servicio Profesional Docente, hoy derogada, el Gobierno del Estado determinó suspender la aplicación de este esquema a partir del 31 de mayo de 2015, argumentando que la denominada Clave L debía interpretarse como una promoción horizontal y que, derivado del proceso de centralización federal del sistema educativo, las promociones de carácter local habían quedado sin efecto. Asimismo, se sostuvo que continuar aplicando este esquema podría generar responsabilidades administrativas conforme al nuevo marco jurídico.
Enfatizó que numerosos docentes habían cumplido con los requisitos establecidos para acceder a dicha categoría antes de la entrada en vigor de las nuevas disposiciones, e incluso algunos de ellos ya contaban con el reconocimiento formal de la misma sin que se hubiera reflejado correctamente en su remuneración o en el cálculo de sus prestaciones. En otros casos, docentes que ya se encontraban en proceso de consolidar este derecho vieron interrumpido el reconocimiento correspondiente debido a la interpretación administrativa que se adoptó a partir de 2015.
El legislador recordó que recordar que el Artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece con toda claridad el principio de irretroactividad de la ley en perjuicio de persona alguna, principio que constituye una garantía fundamental del Estado de Derecho y que protege precisamente los derechos adquiridos frente a cambios posteriores en la legislación, razón por la cual realizó este exhorto.
