El grupo parlamentario de Morena prepara una demanda para impugnar el acto administrativo mediante el cual fueron rematadas 167 viviendas de Pensiones Civiles del Estado en Cuauhtémoc, al considerar que existen elementos que deben ser revisados por los tribunales, informó el coordinador de la bancada, Cuauhtémoc Estrada.
El legislador señaló que su equipo jurídico se encuentra integrando la demanda con base en las irregularidades que, desde su perspectiva, se presentaron durante el procedimiento. Entre los elementos que serán incorporados mencionó el posible incumplimiento de las condiciones establecidas en la convocatoria, la vigencia del avalúo y las diferencias detectadas en la documentación del expediente.
Uno de los principales cuestionamientos de Estrada está relacionado con el avalúo utilizado para determinar el valor de las propiedades. Afirmó que el documento ya había perdido vigencia por más de un mes cuando se realizó el remate, pese a que las bases establecían un periodo de vigencia de un año.
A esto se suma el señalamiento sobre la Base 13 de la convocatoria, que establece restricciones para el ganador de la adjudicación antes de que se formalice la propiedad de los inmuebles. Estrada sostiene que AGH Inmobiliaria, pese a haber pagado únicamente 4.5 millones de los 45 millones de pesos de la operación, ya realiza remodelaciones, modificaciones y colocación de cercos dentro del fraccionamiento.
El diputado afirmó que la empresa tampoco puede asumir materialmente el control de las viviendas antes de que se cumplan las condiciones establecidas para la escrituración. Por ello, consideró que el presunto incumplimiento de la Base 13 constituye otro elemento que debe ser revisado para determinar si la operación puede mantenerse vigente.
Otro de los puntos que Estrada pretende llevar a las instancias legales es el manejo de la documentación oficial. El legislador señaló que el Gobierno del Estado publicó una fe de erratas con fecha del 24 de junio, mediante la cual se modificó el fundamento legal utilizado para sustentar la operación, pasando, según explicó, del artículo 64 fracción V al artículo 47 fracción IV de la Ley de Bienes.
Estrada indicó que solicitó información oficial a la Coesbi y que la respuesta del titular del organismo, José Antonio Chávez Rodríguez, tiene fecha del 16 de julio y fue recibida el 18 de julio. Según el diputado, en el expediente que le fue proporcionado en respuesta a esa solicitud no se encontraba la fe de erratas que posteriormente apareció publicada.
El coordinador de Morena señaló que el documento y un convenio de colaboración fueron incorporados al portal de transparencia hasta el 8 de septiembre, pese a que la fe de erratas aparece fechada el 24 de junio. A partir de esta diferencia, cuestionó la forma en que fueron integrados y publicados los documentos relacionados con el procedimiento.
“No estaba. Lo subieron ayer… ¿Qué necesidad de ponerle fecha del 24 de junio?”, cuestionó Estrada al referirse a la documentación que, según su versión, no estaba disponible en el expediente entregado por la propia dependencia en julio.
El diputado sostuvo que estas circunstancias deben ser revisadas por las autoridades competentes para determinar si la documentación fue incorporada correctamente al procedimiento y si el remate cumplió con los requisitos legales establecidos.
Estrada también señaló que, desde su interpretación, existe un cuestionamiento constitucional relacionado con la intervención del Congreso en la enajenación de bienes públicos. Citó el artículo 64, fracción 30, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua y sostuvo que el Congreso local debió intervenir en la autorización de la enajenación de estos bienes.
Con base en este conjunto de señalamientos, el coordinador de Morena afirmó que la bancada recurrirá a las instancias legales para buscar que el remate sea dejado sin efecto. La intención, explicó, es que un tribunal revise la legalidad del acto administrativo y determine si existen elementos suficientes para invalidarlo.
Mientras se define la ruta jurídica, Estrada también pidió a la Coesbi verificar físicamente las condiciones del fraccionamiento, debido a que la empresa adjudicataria ya estaría realizando trabajos y ofreciendo las viviendas en preventa, pese a que todavía tiene pendiente cubrir la mayor parte del precio de la operación.
El diputado planteó que, si finalmente se cancela el remate, las 167 viviendas podrían ser destinadas a un programa de venta social para familias de Cuauhtémoc, maestros y personas desplazadas, con precios de entre 300 mil y 350 mil pesos.
Estrada sostuvo que el objetivo de las acciones legales no es solamente cuestionar a la empresa que obtuvo la adjudicación, sino revisar el procedimiento completo mediante el cual un patrimonio de Pensiones Civiles terminó en manos de un particular y determinar si la operación se realizó conforme a la legislación y a las propias bases establecidas por el Gobierno del Estado.
