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Chihuahua.- «Somos el segundo país en América Latina en permitir que sus niñas cohabiten, convivan con alguien que no eligieron; somos el octavo lugar en el mundo y somos el primer país en nuestra América Latina en embarazo infantil de 10 a 14 años», sentenció la activista indígena Eufrosina Cruz Mendoza al alertar sobre la grave dimensión del matrimonio infantil en México, marco en el que celebró el paso que da el Congreso de Chihuahua para tipificar formalmente la cohabitación forzada de niñas en el estado.
Aunado a estos indicadores, Cruz añadió que México ostenta el «primer lugar en el mundo en la industria de la pornografía infantil» derivado de la falta de castigo a las uniones tempranas, y argumentó que el problema no es exclusivo de zonas rurales ni indígenas al poner cifras sobre la mesa: «Sucede en las grandes ciudades con grandes desigualdades; cuando se hizo el diagnóstico resultó bien fuerte: Monterrey, por ejemplo, es el municipio con mayor índice de embarazo infantil porque va implícita la trata».
Eufrosina Cruz Mendoza es una destacada activista zapoteca de Oaxaca que ha dedicado su trayectoria a combatir los abusos contra las mujeres indígenas y la infancia, impulsando a nivel nacional la histórica reforma al Código Penal Federal que tipificó como delito la cohabitación forzada de menores equiparable al matrimonio infantil, causa con la que recorre los estados del país para erradicar las prácticas que justifican la entrega o venta de niñas bajo el amparo de los usos y costumbres.
Al reiterar su reconocimiento a la iniciativa local, la activista destacó: «Chihuahua se va a sumar y se va a convertir en el estado número 19 en homologar sus códigos penales (…) Desde el 2013 en los códigos civiles el matrimonio infantil está prohibido en México, pero ante una prohibición si no hay una sanción pues de nada sirve».
Asimismo, manifestó que es indispensable erradicar la justificación cultural de estos actos, señalando que «ya basta de justificar estas prácticas en nuestra cultura, en nuestra costumbre; ha sido la ausencia de un sistema de justicia para nuestras niñas. Se nos ha hecho fácil a todas y a todos como sociedad decir ‘es la costumbre, es que así son los rarámuris’; no, es la ausencia de un sistema de justicia».
Cruz enfatizó que la aprobación de la reforma representa apenas la punta del iceberg, por lo que urgió a crear consejos municipales y protocolos entre las fiscalías, las secretarías de salud y el DIF, advirtiendo que «a final del día a quien se va a demandar es al entorno de familia muchas veces y hay que tenerlo presente y consciente».
La activista mencionó que la aplicación estricta de la ley penal ya muestra resultados para frenar la comercialización de menores, ejemplificando que «en Chiapas ya tenemos el primer caso que se va a judicializar, en donde el papá vende a su hija por 25,000 pesos y ahora ya está detenido y sancionado el papá y quien entregó los 25,000 pesos», gracias a la denuncia de la propia madre.
Finalmente, Cruz dijo que visibilizar este flagelo resulta indispensable para frenar las redes delictivas que atentan contra la niñez, rematando con firmeza que «nuestras niñas son niñas, no esposas, mucho menos madres», por lo que las autoridades estatales deberán dar el siguiente paso en la asignación presupuestal y de atención a las víctimas.
