Chihuahua.- En un esfuerzo por frenar el incremento de casos de acoso, difamación y amenazas en contra del magisterio, un grupo de docentes hizo entrega de más de 4,000 firmas de apoyo al diputado para respaldar una iniciativa de ley que busca sancionar a quienes realicen acusaciones falsas en contra de los trabajadores de la educación.
La entrega de estas firmas, recolectadas entre trabajadores de la educación, padres y madres de familia, y ciudadanía en general, surge a raíz de la desesperación de los docentes ante la vulnerabilidad en la que se encuentran. De acuerdo con los testimonios, la iniciativa busca reformar el Código Penal para agravar la pena en tres años cuando se trate de amenazas y difamaciones sin fundamento que afecten a un docente, con el fin de inhibir la impunidad con la que actúan algunos estudiantes, padres de familia o incluso otros trabajadores del sector.
Durante el encuentro, se enfatizó que la propuesta no pretende encubrir a quienes cometan delitos reales, sino proteger a los maestros que son víctimas de calumnias. Se expuso que las acusaciones falsas generan perjuicios sumamente graves, dejando a docentes hasta un año sin sueldo, aislados de su entorno y, en casos extremos documentados a nivel nacional, han llevado a los afectados al suicidio antes de que se logre comprobar su inocencia.
La directora de la Secundaria 3008, Clara Cecilia Iturralde, habló sobre la realidad que enfrentan los directivos y docentes en las escuelas. Con 37 años de servicio, de los cuales 16 han sido como directiva, expuso cómo el personal docente se enfrenta constantemente a amenazas, incluso de muerte, agresiones físicas, injurias y chantajes por parte de padres de familia que exigen calificaciones aprobatorias o que manipulan situaciones.
La directora señaló que la falta de educación y valores desde el hogar está sobrecargando a las escuelas. Asimismo, criticó la complejidad y contradicción de los protocolos de actuación actuales, los cuales colocan a los maestros en una situación de extrema vulnerabilidad: «Si nosotros llevamos a cabo el protocolo, podemos tener alguna problemática seria. Y si no lo llevamos, también», expresó.
La docente relató el desgaste personal y profesional que implica defender la postura de los maestros ante una multiplicidad de instancias gubernamentales como el DIF, la Procuraduría, la Fiscalía y la Unidad de Género, donde lamentó que se le dé mayor credibilidad a las acusaciones de los padres de familia que al criterio de los profesionales de la educación.
Con la entrega de estas firmas, el movimiento de maestros busca que el Congreso analice de manera conjunta las iniciativas presentadas para darles forma y garantizar un marco legal justo que proteja la integridad y el empleo de quienes dedican su vida a la enseñanza.
