Chihuahua, Chih.- Nos encontrábamos el 8 de agosto de hace nueve años en Creel, Chihuahua. Acudimos a conmemorar y acompañar a las familias de las víctimas de la primera masacre en el país en el contexto de la guerra contra el narcotráfico, Albino y Doña Ema, llegaron y sus rostros demostraban un profundo dolor, entre sollozos ahogados nos compartieron su testimonio.
El 19 de junio del 2011, la familia MUÑOZ VELETA decidió celebrar el día del padre con un festejo acostumbrado, el padre, los hijos, las nueras, nietos y nietas fueron convocados a la humilde casa de Doña Ema en Anáhuac, Chih. En plena celebración, por la tarde ya anocheciendo, llegó un numeroso grupo de hombre armados, portaban insignias y uniformes de la policía federal, custodiados por la policía municipal de Anáhuac, sin mediar palabra y con lujo de prepotencia y violencia, apuntando sus armas largas, uno a uno, los hombres de la familia fueron golpeados y subidos a los vehículos. Desde esa fecha nada se sabe de su paradero.
Doña Ema comparte que intentó retener a su esposo y a dos de sus hijos y uno a uno les fueron arrancados de sus brazos. Desde entonces, las mujeres de la familia han peregrinado exigiendo verdad y justicia.
A Doña Ema le fueron arrebatados: su esposo Toribio; sus hijos: Jaime, Oscar, Hugo y Guadalupe; su sobrino Luis; su nieto Oscar Guadalupe y su yerno Nemesio. El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, ha dado acompañamiento psicosocial y legal a las familias y este caso, permitió la colaboración del Equipo Argentino de Antropología Forense en el año 2016 para la identificación de restos.
El Caso Muñoz es emblemático, no existe en el país ningún caso documentado en que ocho integrantes de una familia en un mismo hecho hayan sido desaparecidos forzadamente por agentes policiacos, sino por la indolencia de todas las autoridades para investigar a los perpetradores del evento criminal.
Después de consultar a expertos internacionales sobre las investigaciones del caso, se concluyó que por las complicidades entre el crimen organizado y los cuerpos policiacos de la región, una investigación de los hechos en la zona occidente, situada en ciudad Cuauhtémoc era imposible de realizar, por lo que se radicó en Chihuahua capital, la investigación se paralizó con el argumento de que es materialmente imposible practicar diligencias de indagatorias, en un lugar diverso al que se cometieron los delitos. Posteriormente se regresa el expediente a Ciudad Cuauhtémoc, en donde se ubica a probables responsables de las desapariciones forzadas, se solicitan órdenes de aprehensión y el Juez Cesar Arnulfo Estrada Vigíl con absoluta irresponsabilidad y sin entrar al fondo del caso, se declara incompetente para liberar las ordenes que se le solicitan, y lo remite a la PGR, hoy Fiscalía General de la República, con el argumento de la probable participación de integrantes del crimen organizado. El drama legal continuó, la instancia federal no acepta la carpeta de investigación y la regresa a la Fiscalía Estatal, esta argumenta tener incapacidad jurídica para continuar el caso derivado de la orden del Juez.
A nueve años de la desaparición de ocho hombres de una familia, por los vericuetos legales de las propias autoridades, dejaron en el limbo jurídico la investigación y como consecuencia en la impunidad garantizada.
La Familia y el CEDEHM han expuesto la situación legal que impide el acceso a la Justicia y como consecuencia nadie es responsable de la búsqueda de los ocho integrantes de la familia Muñoz. Hemos recurrido a todas las autoridades federales y estatales; al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador; al Lic. Alejandro Encinas, Sub secretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; al Maestro Abel Galván Gallardo, Fiscal especializado en investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de la FGR y al Gobernador de Chihuahua Javier Corral Jurado. A nueve años de la desaparición forzada, ninguna autoridad ha respondido.
Las familias de las víctimas nada saben ni quieren saber de fueros, si son del fuero local o del fuero federal, quieren que busquen e investiguen.
Exigimos:
Que urgentemente las autoridades federales y estatales se coordinen y asuman la responsabilidad de la investigación y la búsqueda.
No aceptamos pretextos de competencias ni fueros, la responsabilidad de las investigaciones y la búsqueda es de todas las autoridades.
