-Llama Federico Baeza a reconsiderar trato del empresariado a la Federación
-Reitera disposición de trabajo con Municipio, Estado e instancias privadas
Chihuahua, Chih.- El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en Chihuahua, Federico Baeza Mares, dijo que el plan económico anunciado por el primer mandatario, Andrés Manuel López Obrador, respecto a la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19), fue decepcionante y dio la espalda al sector empresarial.
Expresó que el presidente de México prefiere mantener los apoyos asistencialistas así como el respaldo al comercio informal, en lugar de apoyar a quienes se encuentran en estos momentos en crisis por paralizar sus negocios, empresarios que generan millones de empleos en el país.
“No observamos acciones o medidas relevantes que rescatar dentro del plan de reactivación económica; el titular del Poder Ejecutivo Federal hizo caso omiso del paquete de propuestas que el Sector Empresarial le entregó desde hace cerca de un mes”, puntualizó.
Recordó que dichas medidas ayudarían a contener los graves efectos económicos de la pandemia que enfrentan millones de mexicanos, y contribuirían a conservar con urgencia el empleo, así como a dotar de liquidez a personas y empresas, para crear las condiciones de recuperación del crecimiento económico que tendrá que llegar después de la crisis.
“La reactivación tardará mucho más de treinta días, por lo que en la COPARMEX propusimos un Acuerdo solidario entre trabajadores, gobierno y patrones, para que en las empresas que no puedan reiniciar actividades, se establezca un salario solidario, que puede ser igual o menor al salario habitual de cada empleado, con una contribución para solventarlo de los tres actores involucrados”, dijo.
Otras de las propuestas que la COPARMEX hizo al Gobierno de México son:
El Gobierno puede y debe hacer mucho para cuidar a las empresas del País: acelerar la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) realizándolo en no más de 20 días; otorgar plazo ampliado para que se realicen las declaraciones anuales y los llamados “pagos provisionales” del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Así como en las cotizaciones sociales, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), ajustándolos a la realidad económica.
En el caso del ISR, por ejemplo, no tomar en cuenta el coeficiente de utilidad de 2019 (que no será representativo para 2020) y en el caso de las cuotas del IMSS, revisar lo que se paga por “riesgos de trabajo”, si el trabajador no está por ahora laborando.
Federico Baeza, expresó que si el Gobierno rectificara y apoyara a las empresas, en realidad estaría apoyando de manera duradera a las familias, para que conserven sus empleos y con ello sus ingresos; a que no necesiten de programas sociales para subsistir y que lo sigan haciendo con dignidad, a partir del valor de su trabajo.
Recordó que la COPARMEX Nacional signó un documento llamado ‘Medidas para enfrentar la contingencia económica Covid-19, Programa 90 días’, propuesto por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en el que se pidió un acuerdo nacional con todos los sectores productivos, con el fin de implementar una estrategia que permita aminorar los efectos negativos de la contingencia sanitaria; además de sostener la economía, el empleo y los ingresos durante los meses de abril, mayo y junio próximos.
Agregó que, contrario a la postura del presidente López Obrador, de no contratar deuda pública para fondear créditos y apoyos a empresas -en específico a las PYMES-, para reactivar la economía y mantener la liquidez en el mercado financiero, el CCE recomendó aplicar una estrategia de “endeudamiento temporal”, hasta por el 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Tales recursos, permitirán al país cubrir los gastos de salud y atender a la población afectada por el coronavirus, además de compensar las caídas en el ingreso público y sentar las estrategias básicas para la reactivación de la economía.
Además, dijo, se propuso utilizar una caja actual del sector público y cambiar el concepto de deuda neta por deuda bruta, con lo que se liberarán 425,000 millones de pesos. Asimismo, se deberá hacer uso de fondos de estabilización por un total de 243,000 millones de pesos, así como postergar el objetivo de finanzas públicas de 2020.
Por otra parte señaló que se debe implementar un programa generalizado de vacaciones pagadas, en los sectores no esenciales, para asegurar el aislamiento, u otras acciones que puedan ser acordadas entre las empresas y los trabajadores.
Aunado a ello, “será necesario diferir el pago del 100 por ciento de las contribuciones a la seguridad social por tres meses, sin condonación, y establecer con fondos públicos un programa de aproximadamente 100 mil millones de pesos, para que la banca de desarrollo garantice créditos a través de la banca privada, con enfoque particular a MIPYMES”, puntualizó.
Otras de las propuestas hechas por el sector empresarial, es un programa de infraestructura con fondos públicos y privados. Además de usar el remanente del crédito para asignar a cada estado un gran proyecto de infraestructura, así como la definición y anuncio inmediato de los proyectos de inversión privada en infraestructura energética.
Además, comentó, es necesario preparar un agresivo programa de exportaciones a Estados Unidos, sustituyendo importaciones chinas hacia ese país, así como la depreciación acelerada para premiar nuevas inversiones. También se deben retornar los pagos pendientes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) a sus proveedores.
Añadió que el convenio nacional propuesto, se deberá convertir en un Consejo Económico Permanente, que actúe coordinadamente entre el gobierno, trabajadores, sector privado y sector social, para el periodo 2020-2024. “Sólo así, y si se pone en marcha de inmediato, se podrá llegar a la segunda mitad del Gobierno Federal actual con una perspectiva de crecimiento positiva y optimista”, puntualizó.
Sin embargo, en caso de no suscribir un acuerdo nacional entre el gobierno, empresarios, trabajadores y el sector social, para enfrentar la emergencia sanitaria, -adelantó- la economía mexicana podría caer hasta 10 por ciento del Producto Interno Bruto.
Dicho descenso se traducirá en la pérdida de un millón de empleos formales en 2020 y una tasa de inflación del 10 por ciento, que golpearía el ingreso y la estabilidad de las familias. Además, de continuar la estrategia actual de la Administración Federal encabezada por el presidente López Obrador, México se enfrentará a un escenario negativo sin precedentes.
Es importante resaltar que la COPARMEX también suscribió el desplegado emitido por el CCE este 6 de abril, titulado: ‘Es tiempo de unidad y responsabilidad’, en que se realiza un reconocimiento a los avances en los programas sociales del Gobierno de México, y se da la bienvenida a algunas de las medidas anunciadas por el titular del Poder Ejecutivo Federal, como el compromiso a aumentar la inversión pública para generar empleos, la ampliación del programa de créditos de la banca de desarrollo y de las instituciones de vivienda, y la instrucción al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para apresurar las devoluciones pendientes de IVA a las empresas.
“En el Sector Empresarial no pedimos reducción de impuestos, ni privilegios, ni concesiones; siempre hemos puesto a los trabajadores, sus familias y al país como nuestra prioridad. Por ello, creemos que la crisis sanitaria y económica nos obliga a unirnos una vez más”, abundó.
Y agregó que el objetivo de los empresarios es proteger el empleo, los salarios y los ingresos de las familias, sentando las bases para una recuperación inmediata, evitando que la crisis de liquidez se convierta en una crisis de solvencia, y contando con recursos para continuar los programas sociales.
Por otra parte, hizo énfasis en que los mexicanos necesitan de un verdadero estadista que, con racionalidad, tome las medidas precisas, sensatas y necesarias, en urgente apoyo de la salud y la economía de todas y todos los mexicanos.
“Cada servidor público, empezando por el titular del Poder Ejecutivo Federal, debe trabajar por todos los mexicanos, sin distinción de ideologías o preferencias políticas”, concluyó.
