Chihuahua, Chih.- El diputado federal chihuahuense Mario Mata Carrasco aseguró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no descubrió nada nuevo al señalar la omisión legislativa del Congreso de la Unión al no haber emitido la Ley General de Aguas que está pendiente desde febrero de 2012. Afirmó que se trata de “una verdad de perogrullo” y reiteró su oposición a crear un “Frankenstein” uniendo la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General del Agua y afectando las concesiones de agua para usos agrícolas que proponen quienes, en palabras propias, quieren que no haya actividad productiva que genere ganancias y “que regresemos a las comunas tipo Venezuela, tipo Cuba que es un fracaso total y no lo vamos a permitir”.
Mata Carrasco recordó que en 2012 con el entonces presidente Felipe Calderón se sacó un decreto siguiendo una corriente mundial en torno al derecho al acceso universal al agua y que es una obviedad que hasta ahora no se ha emitido dicha ley. “Tiene toda la razón, pero es una verdad de perogrullo, todos lo sabemos, que lo diga la Suprema Corte no cambia nada”, afirmó.
El diputado federal reconoció que los legisladores “tenemos la obligación de sacar esa Ley de Aguas Nacionales”, atribuyendo que ésta no sea una realidad ya a la existencia de “una corriente ideológica que quiere terminar con la propiedad privada, que quiere terminar con el derecho al trabajo, con el derecho a la alimentación, quiere que ya no haya actividad agropecuaria que produzca productividad, que produzca ganancias, y que regresemos a las comunas tipo Venezuela, tipo Cuba, que es un fracaso total y no lo vamos a permitir”.
Agregó que “ese Frankenstein, lo llamo yo, de unir la Ley de Aguas Nacionales con la Ley General de Aguas llamándole Ley General de Agua Nacional es que no existe, no existe, por eso no ha podido salir”
Recordó que en la Sexagésimo Cuarta Legislatura del Congreso de la Unión él se opuso a una propuesta en ese sentido y adelantó que lo seguirá haciendo si pretenden que salga en esos términos. Mostró su disposición a modificar la Ley de Aguas Nacionales si se necesita, “pero abrogarla no, quitar las concesiones de ninguna manera. Desaparecer los distritos de riego y las unidades de riego, que costó años que se organizara eso hasta 1992 que se emitió la Ley de Aguas Nacionales no vamos a permitir el retroceso”.
Asimismo, se mostró convencido de que se va a sacar una Ley General de Aguas en la actual legislatura federal, apuntando que tanto el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, como él como secretario de la misma, tenían toda la predisposición.
Para concluir Mario Mata quiso puntualizar que “una muy buena ley” en la materia es la del Estado de Chihuahua que no toca las concesiones para uso agrícola ni el artículo 27, sino que simplemente se centra en el artículo 115.
A continuación el comunicado emitido por la Suprema Corte de Justicia respecto al tema el día de ayer declarando la omisión del Congreso de la Unión:
SCJN DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA OMISIÓN DE EMITIR LA LEY GENERAL DE AGUAS
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión del Tribunal Pleno, determinó que el Congreso de la Unión incurrió en una omisión legislativa de carácter absoluto en competencias de ejercicio obligatorio, al no haber emitido la Ley General de Aguas a que se refiere el artículo 4°, párrafo sexto, de la Constitución general, en relación con el tercer transitorio del decreto que dio origen a dicha disposición, publicado el 8 de febrero de 2012.
El Pleno señaló que dicha omisión vulnera las atribuciones constitucionales del municipio en materia de aguas, pues afecta su participación en el acceso y uso sustentable de los recursos hídricos y su facultad de proveer a su población los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado y disposición de aguas residuales.
Por otra parte, se determinó sobreseer en la controversia constitucional por lo que respecta a: i) la omisión de reglamentar adecuadamente la Ley de Aguas Nacionales, al haberse invocado únicamente violaciones indirectas a la Constitución; ii) el Acuerdo de inicio de emergencia por sequía para dos mil veinte y iii) la utilización de la Guardia Nacional para disponer de las aguas de la presa “La Boquilla”, en virtud de que no se formularon conceptos de invalidez en su contra.
La discusión de esta controversia continuará durante la próxima sesión del Tribunal Pleno de la SCJN.
Controversia constitucional 56/2020, promovida por el Municipio de Cusihuiriachi, Estado de Chihuahua, en contra del Congreso de la Unión y otra autoridad.
