Chihuahua. – Desde finales de la década de los cincuenta del siglo pasado, México experimentó movimientos populares y sociales sin precedente en la historia reciente. Poco se sabe de esos episodios. La rebeldía no se contó en la historia oficial del país. La censura y el olvido impuestos desde la propia escuela pública, impidieron que se narraran las experiencias de generaciones juveniles y ciudadanas movilizadas a través de un abanico de causas democráticas y de transformación radical.
Gracias a la terquedad de sobrevivientes y personas que pueden testificar, las memorias subterráneas persisten y los silencios se agrietan. El próximo 15 de enero se cumplirán cincuenta años de la triple expropiación bancaria en la ciudad de Chihuahua, planeada y realizada por un grupo de jóvenes comunistas que irrumpieron en la política estatal y detonaron un movimiento estudiantil, popular y sindical sin precedentes en la historia reciente de Chihuahua.
Las y los participantes eran descendientes políticos del Grupo Popular Guerrillero (cuyos integrantes intentaron tomar por asalto al cuartel de Ciudad Madera el 23 de septiembre de 1965) y del Grupo Popular Guerrillero Arturo Gámiz (quienes en 1967 retomaron la idea de insurreccionar la sierra tarahumara y fueron masacrados en septiembre de 1968). Como homenaje, los tres comandos que actuaron el 15 de enero de 1972 fueron nombrados Óscar González Eguiarte, Arturo Gámiz García y Carlos Armendáriz Ponce.
El grupo Los Guajiros, con militantes chihuahuenses y de otros estados del país, iniciaron la Operación Madera pasadas las nueve de la mañana del sábado 15 de enero. No se produjeron incidentes en las sucursales Futurama y del Reloj. Sin embargo, el comando de la sucursal del Chuvíscar recibió detonaciones de militares que se encontraban en el exterior, causando las heridas de Pablo y Óscar y la muerte de la maestra y estudiante de derecho Avelina Gallegos. Sólo Ramiro pudo escapar.
Las autoridades organizaron de manera inmediata la cacería de las y los responsables y la recuperación del dinero. Ofrecieron recompensas para quien aportara información. En poco tiempo, uno a uno de las y los participantes fueron aprehendidos y el dinero recuperado. Probablemente, si todas y todos hubieran sido detenidos y presentados ante las autoridades, los sucesos habrían tomado otro rumbo. Pero el gobierno de Óscar Flores Sánchez determinó ejecutar a varios de los militantes que se encontraban detenidos.
El ingenieron civil egresado de la UACH, Diego Lucero Martínez, fue ejecutado el 16 de enero tras ser aprehendido y ser visto por varias personas en los separos policiacos, entre ellos su compañero Marco Rascón. El jueves 20 de enero el estudiante politécnico Ramiro Díaz Ávalos amaneció muerto, suspendido a la reja de su celda. El viernes 21, Juan Gilberto Flores Díaz, Gaspar, de la Juventud Comunista de Mexicali, fue detenido junto con Héctor Lucero Martínez, sacado de los separos y muerto en una especie de ley fuga en la población de General Trías,.
Las muertes, cuyas circunstancias evidenciaron la decisión estatal de ejecutar extrajudicial a sus oponentes políticos, causaron indignación en la ciudad y desencadenaron una serie de eventos que hoy deben ser narrados no sólo con el afán de recordar, sino como un ejercicio de reflexión y diálogo para comprender el curso del presente. Lo acontencido en 1972 forma parte de procesos históricos inconclusos en los que destacan las violaciones graves de derechos humanos a través de la violencia política.
Hace cincuenta años, las y los estudiantes encabezaron las movilizaciones de denuncia por esclarecimiento histórico y acceso a la justicia. Exigieron que una comisión autónoma investigara tanto las circunstancias de las ejecuiones como la responsabilidad de las y los funcionarios. Hasta el día de hoy no se ha subsanado ninguna de ellas. La triple expropiación en la ciudad de Chihuahua articuló un movimiento social inmediato sin precedentes, que nos indica la vitalidad colectiva del momento.
A cinco días de los acontecimientos se conformó una Asamblea Popular integrada por estudiantes, habitantes de colonias, trabajadores y trabajadoras, campesinos y campesinas. A principios de febrero de 1972 la Asamblea devino en el Comité de Defensa Popular, un frente cuyos pilares fueron las y los estudiantes, la colonia Francisco Villa, las y los sindicalistas.
Entonces la sociedad chihuahuense entendió una lección: la justicia no se imparte para el pueblo. Se convocó a participar en un gran Tribunal Popular con alcances nacionales: el gobierno mexicano sería juzgado por la utilización de la represión como método o sistema de gobernar. Fue instalado el 26 de julio de 1972 en la Plaza de Armas y participaron múltiples movimientos. El 2 de octubre de ese año encontró culpables al presidente Luis Echeverría, al gobernador de Chihuahua, Oscar Flores Sánchez y al conjunto del “gobierno de la burguesía mexicana” de cometer “múltiples crímenes, asesinatos y demás actos represivos en contra del pueblo trabajador.”
El 15 de enero de 1972 puede ser considerado el principio o el final de varias historias, nacionales y locales. La organización estudiantil continuó por lo menos dos años más en Chihuahua, hasta la desaparición de la preparatoria universitaria y la imposición de la derecha más conservadora en la rectoría. Las organizaciones político radicales irrumpieron en el escenario nacional, desatando una contrainsurgencia desmensurada. Nada volvió a ser como antes, pero lo emprendido por esas generaciones no es posible olvidarse.
