Afectados por el caso ARAS llevaron a cabo este jueves una caravana vehicular desde Plaza del Sol hasta Palacio de Gobierno con la intención de solicitar una reunión con el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda. Esto con la finalidad de exigir a la administración estatal su intervención para agilizar los amparos interpuestos por la defensora de ARAS Business Group, Erika Jasso, y el abogado de una parte de los afectados, Mariano Cordero, así como un avaluó definitivo y real de los inmuebles asegurados, ya que día con día ven como el valor de los mismos desciende y algunos se encuentran ocupados. De la Peña se encontraba hoy en Ciudad Juárez, a los inconformes les dieron cita con él el próximo martes a las 12 del mediodía y se levantó la movilización a las puertas de Palacio.
Sergio Mata Carrasco, representante de los afectados, señaló que la principal exigencia a las autoridades es que tomen cartas en el asunto para evitar que los amparos sigan dilatando al ejecución de la sentencia que obtuvieron contra ARAS en la mega audiencia, ya que refirió que transcurrieron cuatro meses y ni siquiera se habría asignado al magistrado ponente, cuando la Ley de Amparo dice que hay 90 días para que estos se resuelvan.
«Nosotros lo que queremos y lo que buscamos es que se resuelva ya lo de los amparos, osea, la decisión que tomen los jugadores federales y ya saber qué es lo que sigue porque ya tenemos la sentencia, pero también no hemos visto mucho avance», señaló Mata Carrasco.
De igual forma, piden que se conforme ya el fideicomiso acordado con el secretario Santiago de la Peña conformado por un grupo de asesores sobre todo para ir viendo los referente a los bienes que se han tenido que entregar por orden de un juez. Una revisión que sostienen es importante debido a que la mayoría de los abogados con los que cuenta la Fiscalía son de carácter penalista y necesitan quienes atiendan el caso con verdadero conocimiento en materia de derecho mercantil y civil.
Una tercera exigencia pasa por la realización de un avalúo real y definitivo. Sergio Mata manfiestó que quieren saber «cuál es el valor real que existe ahorita de los bienes y nosotros estamos hablando de que esos avalúos sean en base a valor comercial para poder, ya teniendo el monto de todos los avalúos, poder decir con exactitud se tiene este valor de los bienes».
Así lo refirió haciendo alusión a la falta de certeza que tienen los afectados de este fraude, ya que «se hablaba en un principio de 700 millones de pesos, posteriormente se hablaba de 500 y 550 millones de pesos. Yo leía en la mañana, una cifra y no sé dónde saldría, que se tenían 235 millones, pues ya casi me infarto. Entonces hay que ver lo que es real».
Por último, pidió a las autoridades estatales tomar cartas en el asunto en cuanto a los bienes asegurados a ARAS y sus responsables y que han sido invadidos o entregados en depósito, violando los sellos, e incluso algunos saqueados.
El abogado Felipe Acosta, que representa a 459 afectados, señaló que pareciera que hay intereses ocultos detrás de los amparos dilatorios de Mariano Cordero.
«Según él dice que porque quiere mandar la Comisión Nacional Bancaria de valores para obtener el 100 por ciento. No, no va a ser, son juicios que tardan de 8 a 15 años contra el Gobierno Federal. Se está llevando entre las patas también a las personas que representa, no sabemos también cómo les dice a sus representados que sigan en eso, por eso hemos invitado a esas personas que están con cordero a que se vengan de este lado y dejen de estar ahí deteniendo todo el proceso», apuntó Acosta. Refirió que los 459 afectados que representa ya cuatro fallecieron durante el proceso y otros están a la espera de recibir su indemnización para cirugías de familiares.
