Opinión por: Diputado Benjamín Carrera
Hace ya más de un año del aumento a la tarifa del transporte público que, en su momento, se justificaba con la promesa de una transformación casi inmediata a las unidades a las que incluso se les dotaría con mecanismos de asistencia para protección de las mujeres, incluyendo el cumplimiento de derechos laborales para conductores, entre una serie de compromisos que en su momento se veían esperanzadores pero que, ante la falta de cumplimiento, son demuestra fueron utilizados para un acto arbitrario.
Sin duda las autoridades se fijaron una serie de objetivos muy ambiciosos, aunque quizá más ambición hubo en avorazarse a cargarle a las y los chihuahuenses el costo de errores que, en materia de transporte se han arrastrado por décadas; a más de un año del “tarifazo” las unidades que se han modernizado son pocas, el incumplimiento de rutas es una constante, y los tiempos de espera persisten, lo que orilla a la gente a recurrir a otros medios de transporte que implican un gasto más.
Poco importa el reconocimiento constitucional que, a nivel local se ha hecho del derecho a la movilidad, cuando la tarifa se fija bajo una base política ignorando cualquier estudio y desatendiendo a una justificación previa; menos importa que, nuestro estado se coloque entre los que cobran la tarifa más cara a nivel nacional, contrastando con los menos de $6 que se cobra por dicho servicio en la Ciudad de México.
A pesar de las declaraciones que las autoridades hagan aludiendo a grandes avances, lo cierto es que, de las 423 concesiones de transporte existentes en la capital del estado, 354 están en operación, pero a esto habría que restarle las que han cumplido con el año-modelo, lo que arroja un 80% sin contar las que faltan de instalación de GPS y servicio de asistencia para mujeres.
En Ciudad Juárez, la cifra no es más alentadora: del total de concesiones existentes, solo 54% están operando, y las que cumplen con el requisito de año modelo, son solo 13%, mientras que, de las 42 estaciones, se ha admitido que 32 requieren reparaciones. Y ni qué decir de las 80 unidades de transporte que se han presumido para el BRT, que están tardando igual que las autoridades en cumplir sus promesas.
Sin embargo, este y cualquier señalamiento, poco importan a las autoridades responsables, quienes, manipulando números, sacan porcentajes irreales que contrastan con las lamentables condiciones en las que la ciudadanía realiza sus traslados; hay incluso, legisladores que aseveran que el transporte, gracias claro, a la gobernadora, hoy es envidiable, viendo los hechos con un cristal bajo el que, no pasa nada.
Ante la propuesta de revertir el aumento en la tarifa y disminuirla al monto anteriormente fijado, al menos hasta que se demostrara que los compromisos se han cumplido al 100%, la infame mayoría en el congreso local, se ha negado, ha echado dos que tres halagos a la gobernadora, y de pasada ha pintado otra realidad en la que, a pesar de lo que a simple vista se ve, no pasa nada.
Y en parte, tienen razón: no pasa nada en Chihuahua, donde las grandes promesas de obras insignias como la Torre Centinela no alcanzan ni la banqueta; donde la corrupción ha encumbrado perpetuando perjuicios contra la ciudadanía; donde las cifras de inseguridad no ceden ni con la negativa de las autoridades de asumir sus funciones y competencias… y en materia de transporte, en el mejor de los casos no pasa nada, pero la realidad es que incluso igual, está peor. Lástima que ni siquiera los halagos hagan que pase algo.
