Tras la denuncia del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Chihuahua, la Fiscalía Anticorrupción consiguió una orden de aprehensión contra elemento de la DSPM y agente de Vialidad por extorsionar a familia rarámuri en febrero del año 2023 quitándoles 12 mil pesos que llevaban a un funeral en Norogachi. El fiscal Anticorrupción, Abelardo Valenzuela, explicó los hechos, mostró las imágenes con audio de las cámaras de seguridad de la patrulla que captó los hechos y entregó una orden de protección a la familia afectada.
Los hechos acontecieron el 5 de febrero de 2023 contra una familia de la colonia Alfredo Chávez, cuando una agente de Vialidad les da el alto, acusa al conductor de haber tomado, lo cual negó y posteriormente pide ayuda a un policía local, junto al que luego los despoja de los 12 mil pesos que llevaban encima. Tras la denuncia, el día 17 de marzo del 2023 la entonces titular del Órgano Interno de Control del municipio de Chihuahua presentó una denuncia de hechos «debidamente motivada y fundamentada» denunciando al elemento de la DSPM J. C. O. A.
Valenzuela destacó que los miembros de los pueblos originarios son un colectivo vulnerable ante este tipo de delitos. «Los delitos por corrupción pueden ocurrir con una frecuencia inusitada en áreas sensibles ya que los servidores públicos encargados de salvaguardar el orden y brindarles protección y seguridad, muchas de las veces, los agreden y los extorsionan, quitándoles su libertad y hasta el dinero con que con gran esfuerzo consiguieron».
Refirió que, lamentablemente, resulta habitual que miembros de los pueblos originarios regresan a sus comunidades y traen dinero, algunos policías, incluyendo algunos agentes de Vialidad, prácticamente los están cazando los detienen y para preguntarles, ¿cuánto dinero traes? ¿por qué traes tanto dinero? ¿Qué vas a hacer con ese dinero? Para enseguida y después de una forma prepotente y hasta vergonzosa despojarlos de todo el dinero que traen consigo incluso llegan al grado de escoltarlos para quitarles más dinero».
«Derivado de las investigaciones realizadas por el Departamento de Asuntos Internos de este Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua se desprende que J. C. O. A. realizó probables actos de corrupción y o extorsión en complicidad con un elemento de nombre G. R. T. O. miembro de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Chihuahua de la corporación denominada Policía Vial en perjuicio de personas integrantes a una comunidad indígena».
Abelardo Valenzuela informó este lunes que la Fiscalía Anticorrupción acababa «de obtener de un juez de Control de Distrito Judicial Morelos el libramiento de una orden de aprensión en contra de los hoy imputados, la agente Gabriela Rosario Torres Ulloa y el agente Juan Carlos Ortega Acosta, como probables responsables del delito de cohecho al que hace referencia el numeral 269 fracción primera del Código Penal del Estado».
Tras exhibir el video con audio de los hechos, el titular de la FACH sostuvo que en los mismos se puede escuchar al hoy imputado decir que «los indígenas siempre son muy generosos … a uno porque ya lo ubican saben que les damos su golpiza» por usar otro lenguaje «menos primitivo» y como la agente de Vialidad le contesta «a ver cuánto le sacó».
El fiscal sostuvo que «la conducta desviada y el lenguaje de estos agentes pone de manifiesto que sin duda alguna establece una frecuencia en la extorsión de las personas de pueblos originarios y es muy doloroso y vergonzoso que en algunos de los policías municipales o agentes viales, hasta se burlen de los actos de corrupción que cometen ellos mismos». Por ello, destacó y agradeció las acciones del Gobierno Municipal de Chihuahua, del alcalde y de sus órganos de control interno que buscan disminuir las conductas ilícitas de todo servidor público.
El alcalde Marco Bonilla celebra que se llegue hasta el final e insiste en que su gobierno no permitirá ni tolerará ningún acto de corrupción y menos contra la comunidad rarámuri. Agradeció al fiscal Abelardo Valenzuela, a la titular del OIC, Carmen Hidalgo Posada, la extitular de la OIC, Mariana Lachica, que fue quien inició el procedimiento.
Celebró la conclusión de «un caso que tiene mucho significado y espero que además siente un precedente que tenga un efecto muy positivo para nuestra sociedad». Afirmó que se trata de un caso que habla mucho de las actuales autoridades y del trabajo conjunto de autoridades estatales y municipales.
Sostuvo que desde que tuvieron conocimiento de los hechos «nuestros funcionarios atendieron con total seriedad y trato humano», que a las personas quejosas se les restituyó el daño patrimonial y se abrió una carpeta de investigación que integraron diligentemente sin hacer ninguna distinción.
Refirió que gracias a las inversiones en tecnología que se han hecho desde la administración de la entonces alcaldesa y hoy gobernadora Maru Campos, la Plataforma Escudo Chihuahua, permitieron obtener las pruebas.
Afirmó que es una muestra de los procedimientos que permiten a la Policía Municipal de Chihuahua contar con la certificación CALEA, haciendo hincapié y reiterando «la decisión contundente de este gobierno y de los mandos de la Policía de no proteger a ningún elemento de quien se presuman actos ilícitos o de corrupción, así como de facilitar los procesos de investigación para llevar a cabo los casos hasta las últimas consecuencias como el día de hoy».
