Por: Profr. José Luis Fernández Madrid
Desde que se dieron a conocer, hace ya una década, los pormenores de lo que sería, una vez agotado todo el proceso legislativo, la promulgación de la Ley, el grito en unas ocasiones silente y en otras abierto y estridente es precisamente el que da título al presente, urgiendo a la abrogación de la normativa que regula los procesos de admisión, promoción y reconocimiento docente.
Comprobados muchos casos en los que existe una evidente trasgesión a los derechos de los y las docentes, situaciones en las que faltando a la máxima jurídica que señala que ante el surgimiento de una disyuntiva es menester privilegiar la justicia por sobre la Ley, el articulado legal, a decir de los verdaderos actores en el hecho educativo, debe ser eliminado.
Coincido en que debe haber un cuerpo normativo que debe seguirse, previo al ingreso de nuevos docentes, así como para garantizar al profesorado procesos justos, equitativos, igualitario y transparentes que les genere confianza y certidumbre al momento de participar y darse a conocer los resultados, no obstante, el equipo multidisciplinario que tenga la facultad de dictaminar lo conducente debe estar integrado por todas las fuerzas e instancias involucradas en la labor docente.
Si bien es cierto existen determinados los medios de impugnación, llamados recursos de reconsideración, éstos finalmente quedan al arbitrio de los mismos dictaminadores iniciales, y entonces ¿Así para qué?.
Estas trascendentales decisiones tomadas en su momento como la promulgación de la Ley fueron y siguen cayendo desde la esfera federal, por lo que es interesante, ahora con la coyuntura político-electoral observar lo que en los hechos se realiza para garantizar esa tan proclamanda “reivindicación magisterial”.
Todo, absolutamente todo lo que de una forma u otra violente la dignidad o el crecimiento laboral de las y los Maestros de cualquier nivel, debe eliminarse. Si en la ley de la USICAMM existen preceptos que puedan quedarse o consolidarse que permanezcan, se retomen o repliquen, no se trata tampoco de desechar a priori solo por la pretensión de derogarlo todo.
Nadie puede llamarse a sorprendido en la exigencia, puesto que permitir atropellos a la siempre valerosa y comprometida fuerza magisterial jamás tiene que ser normalizada.
La última palabra la tienen y tendrán los primeros actores de la función docente.
