Opinión por: Diputado Benjamín Carrera
Bajo cualquier circunstancia, el embarazo a edades tempranas es uno de los mayores desafíos para cualquier país no solo a nivel social, sino que impacta incluso en los aspectos político y económico. A nivel individual, el embarazo en niñas y adolescentes vulnera sus derechos sexuales, reproductivos e impacta en otros como el derecho a la educación y la salud a corto plazo, sin que estas sean las únicas consecuencias: las posibilidades de aquellas niñas y adolescentes que se convierten en madres, se ven limitadas por estas circunstancias, afectando las posibilidades de desarrollo de sus comunidades.
El embarazo en menores de 20 años generalmente es propiciado por la falta de educación e información, el limitado acceso a métodos anticonceptivos, pero sobre todo y en un grado alarmante, debido a la violencia sexual y de género que sufren miles de niñas y adolescentes en México. Muestra de lo anterior, es la diferencia de edad entre quienes se convierten en madres a temprana edad y los hombres responsables del embarazo, lo que nos lleva a afirmar que un gran número de embarazos en mujeres menores de 15 años de edad, no resultan de actos deliberados ni de decisiones entre personas con igual libertad y posibilidad de consentir o disentir actos sexuales, sino que son resultado de actos de vulnerabilidad, desprotección, abandono, abuso, manipulación, relaciones dispares, entre otros.
Precisamente, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares del INEGI, Chihuahua ocupó en 2021 el lugar número 11 nacional en embarazos de niñas menores de 15 años, lo que representó un aumento de 2.34% respecto a 2020. Lamentablemente, las cifras no disminuyen, sino que año con año aumentan vulnerando los derechos de este grupo poblacional, y los tres municipios en los cuales niñas de 10 a 14 años registraron más nacimientos fueron: Juárez con 71 casos, Chihuahua con 32 casos y Guachochi con 26 casos. Además, en 153 casos, las niñas menores de 15 años reportaron que los hombres responsables de su embarazo, eran mayores de 15 años al momento del nacimiento de sus bebés, mientras que en 103 casos las niñas no pudieron especificar la edad del responsable de su embarazo y solo 6 niñas reportaron que el padre era menor de 15 años al igual que ellas.
Por otra parte, la Secretaría de Salud de Chihuahua, ha registrado 679 casos de niñas de entre 10 y 14 años atendidas en las unidades de la Secretaría de Salud a causa de abuso o delitos de tipo sexual, lo que nos lleva a estimar que, existe aún un 93% de casos en los que estos delitos no son denunciados, siendo aún mayormente escondidos cuando se trata de violación, hostigamiento o intimidación sexual por el estigma que rodea aún estos ilícitos.
Por lo antes compartido, se vuelve necesario más que dar una especie de informe, llevar a cabo acciones que garanticen para las niñas y adolescentes mayores oportunidades no solo de inclusión social, sino oportunidades económicas que aumenten sus posibilidades de alcanzar un futuro próspero para ellas y sus comunidades. Por eso, como siempre he afirmado: apostar por la protección de las juventudes es un factor determinante para el crecimiento económico y el beneficio de todas y todas, y sobre todo, proteger sus derechos aumentando las vías a través de las cuales las autoridades pueden garantizar el acceso a la justicia para este grupo poblacional.
Ello nos ha llevado a plantear ante el Pleno del Congreso, una propuesta para que, cualquier madre menor de edad que acuda a registrar a su recién nacido, o bien que sea atendida en las instituciones de salud pública, tenga en estos espacios una vía de acceso a la justicia en caso de haber sido víctima de violación o algún ilícito que ponga en peligro su integridad. Como bien dijo Paul Auster, Caballero de la Orden de las Artes y las Letras: “Si la justicia existe, tiene que ser para todos: nadie puede quedar excluido, de lo contrario ya no sería justicia”.
