Después de que el pasado viernes anunciara ya los primeros procedimientos de cancelación de 234 concesiones en Ciudad Juárez por no prestar el servicio, el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, manifestó que hacia finales de semana estarán compartiendo los datos correspondientes a la capital, si bien adelantó que los resultados y cumplimiento en la ciudad de Chihuahua son mejores que los registrados en la frontera. Asimismo, se mostró a favor de la sectorización de la tarifa ante una posible reversa al aumento del pasado abril y no paguen justos por pecadores. Además, afirmó, los concesionarios cumplidores y aquellos que no pueden operar su ruta por la confluencia con la ruta troncal serán los primeros lugares de la lista para la asignación de las concesiones que se cancelen.
Santiago de la Peña reiteró que primero iniciarán con los procesos de cancelación aquellas concesiones que no están brindando servicio y posteriormente con aquellas que transcurridos los 90 días no hayan cumplido con los compromisos, entre ellos el de la renovación de las unidades con más de 10 años de antigüedad.
Sobre el número de cancelaciones previstas en la capital por la no prestación del servicio, el secretario manifestó que «lo estaremos anunciando, creo yo, hacia finales de esta semana». Apuntó que como gobierno estaban esperando el cumplimiento de los acuerdos.
Reiteró que en las ciudades de Chihuahua y Juárez se habían mantenido en contacto y comunicación constante con las organizaciones de concesionarios o concesionarios en lo individual, apuntando que a tenor de la información que tienen les había permitido «tener mejores resultados aquí en la capital».
«Los porcentajes que se reflejaron en Ciudad Juárez tienen un mejor comportamiento en la ciudad de Chihuahua y eso es lo que les estaremos compartiendo», refirió, enfatizando que la intención de la autoridad es que a quienes no cumplan se les aplicarán los acuerdos alcanzados en abril y que no se trata de otra cosa que de lo estipulado en la ley.
De la Peña se mostró a favor de la solicitud realizada por el secretario general y líder de Permisionarios Unidos, de la CTM, Francisco «Güero» Lozoya Ontiveros, sobre la posibilidad de sectorizar la tarifa para no afectar a justos por pecadores ante una posible reversa a la actualización o aumento implementado desde abril.
El titular de la General de Gobierno aseveró que «coincido con él, hay quien está haciendo el esfuerzo, hay quien con toda honestidad nos ha dicho que no requieren incluso de los apoyos que se están otorgando a través de Fideapech, que sólo con la actualización de la tarifa ellos son sujetos de crédito y es como están adquiriendo los autobuses. Ya tenemos algunos de ellos rodando a lo largo y ancho de la ciudad y entonces, efectivamente, no deben pagar justos por pecadores»
El secretario General de Gobierno anunció que incluso «quien lo esté haciendo bien no sólo merece este tipo de consideración, sino que además serán quienes estén en los primeros lugares de la lista para la reasignación de las concesiones que se vayan a cancelar».
Respecto a las concesiones que no se están pudiendo operar por coincidencias de recorrido con la ruta troncal, primero del ViveBús y ahora del Bowí, De la Peña informó que estas concesiones desplazadas por la entrada en funcionamiento de la troncal «los pone en una condición distinta» y no serán sujetos de cancelación por la no prestación del servicio.
En este sentido, apuntó que en estos casos «es evidente por qué no lo están cumpliendo y ahí lo que hay que hacer es integrarlos a esta reorganización de las rutas que hay e incluso se les podrían asignar algunas de las rutas que estén por cancelarse».
El secretario General de Gobierno se refirió también a la petición realizada desde la Confederación Patronal Mexicana (COPARMEX) de una mayor flexibilidad para las cancelaciones al estimar que el plazo de 90 días concedido a los concesionarios era insuficiente.
«No sé cuál es la base para que esta organización patronal solicite más tiempo, yo creo que 90 días es suficiente (…) no deben pagar justos por pecadores, hay gente que en 90 días ha hecho un gran esfuerzo por cumplir y no podemos simplemente ampliar el plazo porque algunos no atendieron el llamado o no atendieron su obligación de manera inmediata», concluyó a este respecto.
