Chihuahua.- El diputado Óscar Avitia Arellanes presentó una propuesta impulsada por la bancada de Morena, para exhortar a la gobernadora María Eugenia Campos Galván, así como al titular de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua Sandra Elena Gutiérrez Fierro, a que se cumpla con el mandato judicial que les obliga a pagar la Prima de Antigüedad a cientos de Trabajadores de la Educación.
El diputado expuso que en el año 2005, hace ya más de 17 años, cientos de docentes (que dieron su vida a la Educación, muchos de ellos fundadores de escuelas en la sierra, con destacadas trayectorias o bastos reconocimientos,) comenzaron un litigio para reclamar su derecho a recibir la prima de antigüedad, una prestación contenida en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, correspondiente a 12 días de salario por cada año de servicios.
“Sin saberlo, más que una batalla legal, estaban a punto de emprender una verdadera cruzada en contra de la indiferencia, la arbitrariedad y los más grandes vicios de las instituciones, contra toda clase de ultrajes y dilaciones prolijas, llegando incluso al absurdo de hacer “perdedizos” sus expedientes”.
Recordó que la prestación debió ser liquidada de manera oficiosa desde el momento de su jubilación, sin haber cumplido mayores tramites, sin embargo, SEECh y el Gobierno Estatal que tenían a su cargo la administración en ese momento, se negaron a reconocer el derecho adquirido de los trabajadores de la educación, por lo que estos se vieron obligados a acudir a los tribunales, creyendo que en estas instancias obtendrían la justicia que les fue negada.
El legislador pidió valorar el trabajo que han realizado los trabajadores en luchar por su derecho, al haber recorrido todas las instancias pertinentes, (tanto en el ámbito local como en el federal) y ganaron todos los juicios en el 2011, (esto no les significó el esperado acceso a una justicia verdadera), “por el contrario, dicha victoria únicamente resulto ser simbólica y solo representó el comienzo de otro largo y tortuoso litigio, ahora para el cumplimiento de la resolución que ya les era favorable”.
Destacó la importancia de visibilizar el hecho de que son más de 500 jubilados de la Sección 8 del S.N.T.E. los que actualmente tienen un juicio concluido, ganado y pendiente de pago, y que han pasado ya diversas administraciones que no muestran ninguna voluntad por hacer frente a esta obligación.
Ante el impacto que tienen estos recursos en los trabajadores de educación jubilados, el diputado apeló a la sensibilidad, a la empatía y a la buena voluntad de quienes ahora encabezan la presente administración, a que den cumplimiento, de una vez por todas, a este legítimo y ya añejo reclamo.
«Esperando una solución pronta que traiga consigo la reivindicación y el reconocimiento de nuestros compañeros, no resta más que refrendar nuestro más elevado compromiso con sus legítimas causas y recordarles que no daremos ni un paso atrás en la defensa de sus derechos, ni retrocederemos jamás en la búsqueda de la dignificación del gremio”.
