– Espera Morena respuesta de la Función Pública respecto a la intento de millonario lucro con los uniformes del Cobach
Chihuahua.- La fracción parlamentaria de Morena cuestionó el proceso para el pago de los paquetes de uniformes e útiles escolares para estudiantes de los Colegios de Bachilleres en el estado, sobre todo porque se monopolizó la adquisición de los artículos en una sola empresa y el dinero para el pago se depositaba de manera directa a la cuenta de un particular.
No se trata de un asunto menor, expresó en su posicionamiento la diputada María Antonieta Pérez Reyes, dado que hasta la mañana del jueves 11 del presente todo lo antes mencionado estaba vigente y la cuenta bancaria antes mencionada seguramente recibió depósitos que no se justifican porque están dirigidos a un particular y no a un ente oficial.
Explicó que por tal motivo se presentó una denuncia ante la secretaría de la Función Pública para que se investigue al director del sistema COBACH, Marco Licón Barraza, para que explique y responda por las acciones antes descrita, así como una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la imposición del uniforme, lo cual es violatorio precisamente de las garantías individuales de los estudiantes.
Pérez Reyes dijo que la bancada de Morena estará pendiente de la respuesta que emita tanto la Secretaría de la Función Pública, así como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, tras la intentona de imponer uniformes escolares nuevos a los estudiantes y de hacerlo a través de mecanismos nada transparentes.
La diputada María Antonieta Pérez Reyes recordó que la obligatoriedad que impusieron en los distintos planteles del Cobach de todo el estado generó un descontento generalizado entre padres de familia porque representa una afectación directa a la economía de sus hogares, además de condicionar el derecho de los estudiantes al acceso a la educación.
En este sentido, el objetivo de la queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene como finalidad que se tomen medidas cautelares para que en todas las escuelas públicas o privadas del estado se permita el acceso a todo el alumnado, independientemente de su vestimenta, ya que el ejercicio del derecho a la educación no puede estar condicionado al uso de un uniforme.
De no haber sido por la inconformidad justificada por los padres de familia del estado, de no haber sido por la oportuna difusión de los medios al replicar ésta protesta social, el COBACH hubiera concretado, entre otras irregularidades, la compra-venta de uniformes escolares por la cantidad de 136 millones de pesos en un contexto de total opacidad y falta de regulación, concluyó la legisladora.
