– Ante una denuncia de abuso sexual al interior de un albergue
Chihuahua.- Tras darse a conocer el caso de abuso de un menor en un albergue del DIF estatal en Ciudad Juárez, la bancada de Morena presentó un acuerdo de urgente resolución a fin de que el DIF, a través de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA) de Chihuahua, dé respuesta a cuestionamientos que surgieron a raíz del abuso sexual del que fue víctima un menor en las instalaciones de esa dependencia.
La diputada María Antonieta Pérez Reyes recordó que el pasado 18 de junio una publicación periodística reveló que actualmente 824 personas de entre los 0 y 17 años están bajo tutela pública del estado, lo cual consideró una cantidad alarmante, que debe preocupar a las autoridades.
La publicación, dijo, reveló un caso de abuso sexual en contra de un menor (denuncia no. 37-2022-13205) cuya madre interpuso una denuncia en contra de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA) de Chihuahua, así como en contra de personal de varios albergues de Ciudad Juárez por la probable comisión de delitos de lesiones, abuso sexual, omisión de cuidados, maltrato infantil y agresiones en perjuicio de un menor de 13 años de edad.
La diputada lamentó que sean los lugares donde el estado debe de brindar protección a menores en estado de vulnerabilidad, donde se presenten estos casos de abuso.
“Resulta aberrante que los albergues se conviertan en lugares menos seguros que los ambientes de los cuales se sustrae a esos menores, porque si es así, que alguien explique cuál es el sentido de toda la estructura de gobierno que se dedica a proteger en menores en estado de vulnerabilidad y de los recursos económicos que se destinan a través de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA) de Chihuahua para garantizar los derechos de los niños”.
En este sentido, se solicitó información sobre el protocolo de seguridad que aplican para garantizar la seguridad de los niños, niñas y adolescentes en los albergues.
“¿Cuál fue la falla en la implementación del protocolo para que diera lugar al hecho denunciado, conocer las medidas preventivas y correctivas para que esto no vuelva a repetirse? ¿Qué pasó con los funcionarios responsables de garantizar la seguridad de esos menores que se encuentran bajo custodia de la autoridad estatal? ¿Fueron removidos de sus puestos? ¿Se les abrió un proceso legal?, cuestionó la legisladora.
