Ciudad de México.- La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, encabezó la delegación mexicana integrada por 42 dependencias federales de la administración pública, órganos autónomos y del Poder Judicial que rinde el informe ante el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Dio a conocer a los 18 representantes del organismo internacional que, a fin de lograr la inclusión plena de las personas con discapacidad en las políticas del Gobierno de México, impulsará una consulta nacional en diciembre de 2022.
“Reconocemos que hay organizaciones civiles en materia de discapacidad con un trabajo importante que en el pasado asumieron esta responsabilidad del Estado. Trabajamos con ellas con un diálogo constructivo y de respeto, y se ha hecho una única excepción de trabajar con una organización en un programa de rehabilitación para las personas con discapacidad.”
Indicó al comité que la pensión universal para las personas con discapacidad es un derecho consagrado en la Constitución, y se entrega de forma directa a las y los derechohabientes. “Afirmamos que la política de bienestar se aplica con una visión de derechos, ya que es el primer gobierno que ha ampliado los derechos de las personas en la Constitución con una pensión como ingreso básico”, explicó.
Por segundo día consecutivo, el Estado mexicano informó sobre las acciones en materia de acceso a la justicia, igualdad sustantiva, combate a la violencia de género, migración, inclusión laboral, educativa y derecho a la salud, así como auxilio en situaciones de emergencia por desastres naturales de las personas con discapacidad.
Lo anterior, en el marco de la sustentación de los informes segundo y tercero combinados sobre la instrumentación y cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Por parte del Instituto Nacional de Migración (INM), la directora de Asuntos Internacionales, Xadeni Méndez Márquez, informó que se han reducido los tiempos de atención de las personas migrantes con discapacidad, se cuenta con intérpretes de lenguaje de señas, alternativas de alojamiento y salvaguarda de sus derechos con atención médica, psicológica e interpretación de lenguas indígenas.
La secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Patricia Estela Uribe Zúñiga, informó que existen 56 Centros de Justicia para las Mujeres en el país y 108 refugios que cuentan con adecuaciones en materia de accesibilidad.
La directora general adjunta de Enlace Institucional de la Secretaría de Gobernación (Segob), Araceli Mejía Escobar, dio a conocer que el Estado mexicano elabora un diagnóstico para identificar las necesidades de las personas con discapacidad en eventos de riesgo por desastres naturales, en coordinación con los tres órdenes de gobierno.
El director general de los Servicios de Atención Psiquiátrica de la Secretaría de Salud, Juan Manuel Quijada Gaytán, indicó que la Ley General de Salud armoniza con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, para proporcionar servicios acordes a una vida equilibrada y saludable para todas y todos, además de atender a los grupos más vulnerables con énfasis en salud mental.
El titular de la Unidad de Política Laboral y Relaciones Institucionales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) Alejandro Encinas Nájera, detalló que a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro se ha becado a más de 10 mil aprendices con discapacidad de 2019 a 2021, y 6 de cada 10 son mujeres. También hay registro de 5 mil 572 sitios laborales que cuentan con personal con algún tipo de discapacidad.
La directora general de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Regina Castro Traulsen, informó que en materia de acceso a la justicia, el Estado mexicano trabaja con un enfoque inclusivo que contempla adaptaciones pertinentes para personas con alguna discapacidad visual o auditiva, además de formatos de lectura fácil y adecuaciones de la infraestructura.
La sesión de este viernes fue conducida desde Ginebra, por los vicepresidentes del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Jonas Ruskus y Miyeon Kim; y los integrantes Vivian Fernández Torrijos, Markus Schefer, Gertrude Oforiwa Fefoame, Vicencio Chair, Mara Cristina Gabrilli, Rosa Idalia Aldana Salguero, Danlami Umaru Basharu y Saowalak Thongkuay.
