• Obras mal hechas, exentas de responsabilidad por perjuicios graves.
• Exige Centro Empresarial Chihuahua que Decreto sea revertido.
Chihuahua, Chih.- “El Decreto presidencial mediante el cual el Gobierno de México autorizó que las obras públicas federales sean declaradas de interés público y de seguridad nacional no responde a las necesidades ciudadanas en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos que aportamos todos los mexicanos a través de nuestros impuestos”, dijo el presidente de la COPARMEX Chihuahua, Salvador Carrejo Orozco.
El líder empresarial indicó que el documento recién publicado en el Diario Oficial de la Federación autoriza la creación de proyectos federales de manera discrecional con una dispensa de trámites, permisos, licencias y autorizaciones bajo el riesgo amplio de poder ser simulados.
Carrejo Orozco, indicó que la nueva disposición federal es aplicable a obras de infraestructura de los sectores de: comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas y ferrocarriles, prácticamente un abanico que cubre todos los rubros del gobierno federal sin que necesariamente estos deban ser considerados “de seguridad nacional”.
“Estamos ante una situación muy grave porque el gobierno autoriza esta medida tras una serie de publicaciones periodísticas sobre posibles anomalías o irregularidades en sus obras; desde el sector empresarial lo vemos como un “protegerse” de señalamientos futuros y así evitar que salgan a la luz pública casos de corrupción, desvíos de recursos a actividades como las elecciones u otros proyectos que quedan fuera de lo etiquetado”, precisó.
Agregó que el 80.6% de los contratos otorgados por el gobierno federal en el 2021 han sido entregados por adjudicación directa de acuerdo con la información emitida por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
“Consideramos que esta nueva disposición se presta a dudas y especulaciones, y nos genera en automático la idea de que el Gobierno de México va en contra la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción que tanto predica el presidente en sus ruedas de prensa y en foros internacionales en los que el tema de discusión es distinto”, resaltó.
Y explicó que el Decreto es violatorio de la Constitución porque atenta contra la división de poderes al pretender evadir, con un acuerdo, disposiciones que son leyes aprobadas por el Congreso. Asimismo, atenta contra la libre competencia y fomenta la discrecionalidad en la realización de obras públicas; y finalmente trasgrede mecanismos legales de consulta y participación ciudadana como son las consultas a pueblos indígenas y en materia ambiental.
Salvador Carrejo, hizo énfasis en que, como lo dice el Decreto, es totalmente imposible que dependencias de gobierno emitan en cinco días dictámenes y análisis profundos que eviten impactos negativos en el desarrollo de las obras públicas. “Justamente las disposiciones legales vigentes, que se buscan evadir con el decreto, están diseñadas para proteger derechos y asegurar el correcto desarrollo de los proyectos de infraestructura; no es una casualidad”, sentenció.
Ejemplificó: una obra podría ser devastadora con el medio ambiente y el derecho a la salud, y con este decreto no habrá forma de responsabilizar a las autoridades y no habrá garantía para que el daño sea reparado.
“En COPARMEX advertimos la gravedad de esta medida y exigimos al Poder Ejecutivo que revierta la publicación de este Decreto pues antes que cualquier obra o proyecto están los derechos humanos y la plena vigencia de nuestro Estado de Derecho”, terminó.
