Chihuahua. – El Consejo Estatal de Morena emitió un posicionamiento respecto a la toma de protesta de Maru Campos como gobernadora de Chihuahua; en el posicionamiento Morena menciona una regresión en los derechos humanos, además se señala que las creencias particulares, ideas religiosas, filosofías empresariales y el pensamiento individualista no pueden pasar por encima de los derechos humanos y constitucionales.
A la opinión pública:
El Consejo Estatal de Morena advierte que la llegada al gobierno del estado de María Eugenia Campos Galván, constituye el inicio de políticas públicas en contra de derechos constitucionales y de acuerdos internacionales en materia de derechos humanos y sociales, en el estado de Chihuahua
Rechazaremos que su administración estatal quiera limitar y frenar los avances sociales y de derechos, que fueron adquiridos por años de lucha de la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales, para lograr avances institucionales que hoy advertimos están en riesgo.
Alertamos de una política pública regresiva y conservadora que, con la justificación de la reorganización con fines de ahorro en el gasto público, está cambiando jerarquías y funciones de las dependencias estatales, lo que representa una embestida antiderechos y detiene los esfuerzos por abatir la violencia contra las mujeres, atención a derechos humanos, a grupos vulnerables y laborales.
Consideramos grave el giro que se le dará a la Secretaría de Desarrollo Social, que busca hacer a un lado el carácter de atención a los grupos vulnerables, principalmente a las personas de escasos recursos y sin acceso a derechos, con el cambio a una Secretaría de “Desarrollo Humano y Bien Común”, que es una interpretación reducida de la obligación que tiene el Estado con los más olvidados, sumado a la interpretación individualista ante los distintos grupos de la sociedad, lo que se puede calificar como un crimen social.
Estamos hablando de 110 mil personas en pobreza extrema y 952 mil en situación de pobreza en todo el estado, quienes se verán afectados por las nuevas políticas que ignoran el carácter prioritario de la atención a los más vulnerables.
Otro golpe es el dirigido a la demanda histórica de las mujeres en diferentes ámbitos de la sociedad, su participación en la sociedad de manera democrática, las acciones contra la violencia por razones de género como el feminicidio, así como la exigencia por el reconocimiento y defensa de sus derechos humanos y reproductivos, con la reducción y limitación que traerá la nueva organización de la Fiscalía Especializada en Atención a la Mujer y los Centros de Justicia de la Mujer.
Es alarmante que se desestimen los avances en el combate al feminicidio, mientras en Chihuahua se declaró recientemente la Alerta de Género para cinco municipios, tan sólo en 2021 se han registrado más de 150 feminicidios y asesinatos de mujeres, que representan una carga para los Ministerios Públicos y ahora verán reducida su capacidad de atención.
Añadir a la FEM el concepto de “familia”, lejos de buscar un reconocimiento a las familias y los derechos de distintos núcleos de la sociedad en derechos humanos, enarbola en realidad el concepto de los grupos conservadores y más retrógradas de la sociedad, quienes niegan derechos básicos de equidad y protección a la diferencia, se basan en dogmas y prejuicios que ahora llegarán a rango institucional con la próxima administración estatal.
Mientras en el país la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un hecho histórico y por unanimidad aprueba la despenalización del aborto y reconoce derechos a las personas gestantes, en Chihuahua damos pasos atrás pues el Instituto Chihuahuense de las Mujeres será dirigido por Ana Margarita Blackaller Prieto, quien se asume públicamente como activista antiderechos, rechaza reconocer a la comunidad de la diversidad sexual y criminaliza a las mujeres que interrumpen su embarazo.
La afectación que tendrán los derechohabientes y trabajadores afiliados a Pensiones Civiles del Estado, por la descarada condonación de 2 mil 200 millones de pesos de deuda de organismos descentralizados, jurídicamente raya en lo inmoral y anticipa un contubernio con los desvíos y corrupción que han saqueado ese instituto de salud y de seguridad social en administraciones anteriores.
Antes, Chihuahua ha sido vanguardia en movimientos sociales y luchas democráticas. Hoy está en posición de retroceder décadas, por impulso de su próxima gobernadora, quien busca leyes y cambios gubernamentales con tendencia ultraconservadora.
Este retroceso queda al descubierto por la reunión de senadores del Partido Acción Nacional con el líder español, Santiago Abascal, del partido fascista Vox, y al observar que políticos de la administración de Felipe Calderón Hinojosa y ex priistas del gobierno de César Duarte Jáquez serán funcionarios de María Eugenia Campos.
Morena reitera la postura de que es obligación del gobierno estatal atender y respaldar primero a los pobres, reconocer derechos a todas y todos los chihuahuenses, y poner en el centro de la política pública a quienes fueron ignorados y olvidados por décadas de gobiernos neoliberales. Las creencias particulares, ideas religiosas, filosofías empresariales y el pensamiento individualista no pueden pasar por encima de los derechos humanos y constitucionales, tampoco deben convertirse en política de gobierno.
