Urge intervención de autoridades federales en caso Aras: Martín Chaparro

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Chihuahua.- El presidente estatal de Morena en Chihuahua, Martín Chaparro Payán, urgió a las autoridades federales a revisar inmediatamente el tema relacionado con el presunto fraude de la empresa Aras. El llamado es fundamental, toda vez que autoridades estatales se asociaron con Grupo Aras el pasado mes de octubre, por lo que el presidente del partido no confió en la voluntad de Gobierno del Estado para conducirse con imparcialidad y celeridad en el caso que ha afectado a más de 18 mil familias chihuahuenses.

«El pasado 19 de octubre se realizó el Foro Económico Visión Chihuahua donde participaron
el CEO de Aras, Armando Gutiérrez Rosas, la Gobernadora Maru Campos Galván y el
ex-presidente Felipe Calderón Honojosa», destacó el dirigente Martín Chaparro.

El evento se llevó a cabo en Ciudad Juárez en asociación entre el Gobierno del Estado, a
través del Fideicomiso de Promoción Turística ¡Ah Chihuahua!, Grupo Aras y el grupo
editorial Expansión.

«La participación de la Gobernadora en un foro de Aras, NO inspira confianza en que el
Estado haga suyo el mejor interés de los afectados. Al contrario, al participar con su padrino político Felipe Calderón en este evento, garantiza parcialidad en el manejo del caso Aras», manifestó Martín Chaparro.

Agregó que resulta desafortunado por parte de la titular de nuestro gobierno local, asistir a un foro encabezado por una empresa que se encuentra en el «ojo del huracán» debido a las
denuncias realizadas en su contra, desde la propia Fiscalía; e incluso el Secretario General del Gobierno, se ha planteado la gravedad del tema y reconoció la inquietud en la población, ya que ha recibido decenas de denuncias.

El asunto se vuelve delicado en tanto que la información de la situación interna de la
empresa, comienza a hacerse pública, como una grabación a la que tuvo acceso un medio
local de comunicación en la que un empleado de la empresa confirma que el 85% de los
socios habían salido, lo que resultó en una falta de liquidez.

En la misma nota, se señala el tema que da perspectiva sobre la gravedad de situación interna de la empresa:

“De acuerdo con trabajadores de Aras Mining, La Morita, ubicada en el municipio de
Ascensión, cerró en septiembre pasado y a ellos les dijeron que se les hablaría cuando
se reactivara, por lo que quedaron de pagarles su liquidación, lo cual no ha sucedido.
Los empleados detallaron que: estábamos laborando y llegó personal de seguridad
privada a resguardar la unidad minera, pidiéndonos desalojar inmediatamente las
instalaciones, argumentando que la mina sería cerrada por falta de capital.”

Por si fuera poco, existen indicios graves que generan desconfianza en los usuarios de los
servicios de la empresa, y es que trascendieron diversos cambios en razones sociales
directamente relacionadas a la empresa tal como indica de manera pública la nota antes
citada:

“Dentro de las razones sociales conformadas, destaca la de Inversiones Fomex SAPI
de CV, fundada en 2018, y que cambió su nombre a Aras Business Class en junio de
2020, a nombre de Ezequiel Joaquín Quiroz, Juan Pablo Sánchez y Erik Reynaldo
González, acorde con lo estipulado en el acta constitutiva de esa empresa.

En el Registro Público de Comercio también se encuentran otras identificadas como
Grupo Ams Aras Mining Scans SAPI de CV y Aras Mining Working Depp,
constituidas por Jorge Rosas, Pedro Fernando Márquez y Luis Alberto Ramírez, el 31
de marzo de 2021.

Otras de las razones sociales que se encuentran inscritas a nombre de Aras son: G3
Corporativo Aras SAPI de CV, dada de alta en mayo de 2021, por Lorena Ivette
Perales Leyva, Perla Judith Olivas, Yaritzia Morales y Mayra Patricia Rivera, que fue
creada para planear todo lo relativo con el apoyo a emprendedores, así como
medianas y pequeñas empresas a través de la aportación proinversión o proyectos de
inversión y otorgar liquidez financiera para negocios físicos o morales.”

Frente a la grave situación económica de la empresa denunciada desde los medios, el
dirigente morenista respaldó la solicitud de un colectivo de ciudadanos afectados en el
sentido en que intervengan de forma contundente las autoridades federales como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR). Será fundamental atender a la brevedad esta sentida demanda de la sociedad chihuahuense, porque suman más de 300 denuncias en contra de la empresa Aras en toda la entidad.

Este grupo de ciudadanos entregó oficios este miércoles 24 de noviembre a las diversas
delegaciones federales en la ciudad de Chihuahua para solicitar la intervención de la
Federación en el caso, ante el dudoso actuar de algunas autoridades en el Estado.

Los afectados piden que estas instituciones envíen un grupo de trabajo integrado por técnicos de la UIF, la FGR y Gobernación para intervenir en esta situación que amenaza con estallar en una crisis social con ramificaciones en la economía familiar de miles de chihuahuenses.

Asimismo, solicitan arraigar a los responsables del supuesto fraude conforme la ley federal,
además de asegurar los bienes inmuebles de esta empresa y seguir la ruta del dinero a través de la UIF.

Acorde a los señalamientos de los abogados en el caso, el Grupo Aras está conformado por
17 empresas que en su conjunto cuentan con 74 propiedades cuyo valor asciende a más de
480 millones de pesos, mismas que ocupan 14 páginas en el Registro Público de la
Propiedad.

Debe considerarse que el pasado 17 de noviembre la CNBV emitió un comunicado donde
señaló que Aras Investment Business Group S.A.P.I. de C.V. NO tiene autorización para
actuar como entidad financiera, por lo que ordenó a dicha empresa suspender la captación de recursos.

Por lo que de conformidad con el Artículo 111 de la Ley de Instituciones de Crédito, se
sancionará con hasta 15 años de prisión a quien viole esta ley, además de hasta seis años de prisión a «las personas que por sí o a través de otra persona o por medio de nombres
comerciales, por cualquier medio de publicidad se ostenten frente al público como
intermediario o entidad financiera, sin contar con la autorización para constituirse, funcionar, organizarse u operar con tal carácter, según sea el caso, emitida por la autoridad competente.