Se declara el Congreso incompetente para reformar de la Ley de PCE y atender la propuesta de la CEDH para fijar la fecha del pago de gratificación anual a jubilados y pensionados

Chihuahua, Chih.- Casi un mes después de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos les remitiera la proposición (CEDH:5s.3.001/2021) de legislar para incluir de forma expresa en la Ley de Pensiones Civiles del Estado la fecha del pago de la gratificación anual a jubilados y pensionados, el Congreso del Estado sorprendió contestando, a través de su presidenta, Blanca Gámez Gutiérrez –en base al análisis de la Secretaría Técnica del Legislativo- , que él no puede legislar ni iniciar una reforma a la Ley de PCE por ser éste un organismo descentralizado con naturaleza propia. Pero, ¿no fue el Congreso el que aprobó la Reforma de la Ley de PCE publicada el 21 de diciembre de 2013? ¿Entonces?

En su resolución- propuesta del pasado 22 de junio la CEDH además de tumbar el argumento de Hacienda queriendo equiparar la condición de los jubilados y pensionados a la de los trabajadores en activo, advierte que en la Ley de PCE no se establece clara y expresamente la fecha para el pago de la gratificación anual a este colectivo y  emitió una propuesta dirigida a Blanca Gámez Gutiérrez, en su condición de presidenta del Congreso del Estado, “Para que se someta a consideración de esa soberanía legislativa, a fin de que se analice y resuelva sobre las reformas necesarias a la Ley de Pensiones Civiles del Estado, con la finalidad de amortizar su contenido, de manera progresiva, en el cual se determine la fecha de pago de la gratificación anual a las personas jubiladas y pensionadas, de dicho régimen de seguridad social”.

Casi un mes después, el Congreso contestó deforma desfavorable a la propuesta de la CEDH:

“ÚNICO.- Que se ha tomado debida nota y cuenta de la documentación oficial de este Poder Legislativo que represento, sobre la pretensión contenida en la Propuesta identificada, resultando que se trata de un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, “Pensiones Civiles del Estado”, en relación a su Ley, publicada en el Periódico Oficial del 21 de diciembre de 2013. En este orden de ideas, legislar o proponer legislar desde éste ámbito interno del Poder Legislativo sobre la intención de la misma Propuestas, implicaría diversas previsiones y consecuencias relacionadas con la programación, presupuestación, ejecución y control de recursos, bajo mecanismos, tiempos y modos que no son competencia del H. Congreso del Estado, sino que tienen su propia  y especial naturaleza en los términos de los artículos 77 de la Constitución Política, y de las disposiciones derivadas de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público, ambos ordenamientos del Estado de Chihuahua, por lo que no resulta posible atener como positivo lo propuesto en el pliego en respuesta.”

La respuesta de la presidenta del Congreso a la propuesta de la CEDCH, tras dar la razón el organismo derechohumanista  al grupo de maestros jubilados y pensionados que presentaron una queja contra Pensiones Civiles del Estado y la Secretaría de Hacienda por la supuesta violación a sus derechos en el pago de la gratificación anual durante los años 2019 y 2020 (ésta última en dos exhibiciones), sorprendió en diversos sectores por la forma en que se desentiende el Legislativo del asunto. Máxima cuando en el Artículo 77 dela Constitución Política del Estado de Chihuahua al que alude éste en su respuesta contempla que “En la abrogación, derogación, reforma o adición de cualquier ley o decreto, se observarán los mismos requisitos que para su formación, salvo cuando la derogación sea consecuencia de los resultados de un referéndum, en cuyo caso se dispensarán los trámites respectivos.”

Pero aún sorprende más el hecho de que el Congreso del Estado se desentienda y se declare incompetente para iniciar la reforma propuesta, para incluir y fijar en la ley la fecha del pago de la gratificación anual a jubilados y pensionados, cuando el Poder Legislativo fue quien aprobó la reforma propuesta por el Ejecutivo a la ley de PCE y que publicada oficialmente el 21 de diciembre de 2013.

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