* Se busca generar políticas públicas en materia de gestión de residuos: CPC
Ciudad de México. –El pasado miércoles se presentó ante el pleno del Senado de la República el dictamen que aprobó la iniciativa de Ley presentada por el senador por Morena, Cruz Pérez Cuéllar, mediante la cual se reforma la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a fin de darles una adecuada valorización y promover el co-procesamiento como una solución ambientalmente segura.
La iniciativa revela que el manejo de residuos en México se encuentra en una etapa crítica, por lo que es necesario explorar todas las opciones en el marco de una economía circular, para darles una adecuada valorización, y en este marco, buscar que el co-procesamiento impulse la reducción de impactos en rellenos sanitarios y se convierta en una medida estratégica en las metas de cambio climático del país.
Explica el documento que en mayo de este año el Gobierno Federal, a través de la SEMARNAT, publicó el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos, en el cual se da cuenta de que anualmente se generan cerca de 44 millones de toneladas de residuos en México. De ese volumen, la cobertura de recolección actual es de alrededor del 84%, lo que significa que poco más de 7 millones de residuos; es decir, el 16% del total generado, se encuentra sin un manejo y disposición adecuados.
Incluso, resalta que aquellos residuos que son recolectados, tampoco son gestionados de manera eficiente para su valorización, pues actualmente se tienen registradas sólo 47 plantas de separación o reciclaje.
Detalla además que de acuerdo con el Diagnóstico de la SEMARNAT, de las 120 mil toneladas al día promedio que se generan, 113 mil terminan en un relleno sanitario, esto es, que 94% del total de los residuos en México no son valorizados de ninguna forma. Del 6% restante, una parte va destinada a la actividad de pepena, principalmente el PET, vidrio, y metal, dejando apenas un 3% que se puede valorizar mediante Co-procesamiento.
En ese sentido, el legislador chihuahuense, expuso en su iniciativa que las ventajas técnicas del co-procesamiento de residuos contribuye a garantizar el derecho constitucional a un medio ambiente sano, ya que ofrece una alternativa ambientalmente segura para la disposición final de la basura que, ante la insuficiencia presupuestal y operativa a la que se enfrentan los gobiernos locales para gestionar eficientemente su manejo, termina en los más de 1,600 basureros a cielo abierto que existen en el país, los cuales son causantes de la contaminación del suelo y el subsuelo, así como de innumerables incendios que afectan la calidad del aire.
De la misma manera, detalla, que el co-procesamiento genera beneficios y disminuye impactos, ya que el uso de residuos como combustibles alternos renovables genera cadenas de valor a nivel local. De igual manera, amplía la cartera de combustibles, evitando la dependencia en unos pocos y haciendo a las industrias que los emplean menos susceptibles a la volatilidad del mercado en términos de oferta y de precios.
Dijo que la reforma contenida en el Decreto que se aprobó, contribuye a sentar los cimientos legales para una política pública en materia de gestión de residuos, contenida en la Visión Nacional hacia una Gestión Sustentable: Cero Residuos, elaborada por la SEMARNAT; particularmente en lo establecido en sus principios rectores relacionados con el establecimiento y desarrollo de mecanismos e instrumentos para implementar un enfoque de economía circular que fortalezca la gestión sustentable de materiales, con una visión de cero residuos, así como con el propósito de evitar riesgos e impactos al medio ambiente.
De tal manera, que agregó, que las siguientes discusiones deberán encauzarse a promover la separación para incentivar a su vez la valorización de los residuos en sus diferentes cadenas de valor y adelantó que en ese compromiso que se tiene de crear políticas públicas para mejorar el medio ambiente, en breve presentará una Iniciativa en materia de tratamiento de neumáticos que representa otro riesgo para el país que se debe resolver.
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