Por: Profr. Fernando Álvarez Montoya
La polémica que ha desatado el visto bueno dado a un proyecto de ley y aprobado por el No Honorable Congreso del Estado de Chihuahua ha causado escozor y molestia en gran parte de la ciudadanía chihuahuense. Sin duda, la aprobación del proyecto de marras totalmente violatorio a los derechos humanos de los niños, las niñas y los adolescentes profundizará el abismo que existe ante la sociedad civil y los legisladores locales. Siguiendo la línea, Rene Frías presidente del Congreso del Estado y sus compinches agazapados, de noche y como delincuentes aprueban sin leer, sin analizar y en Fast Track (vía rápida) un dictamen de ley que viola los principios fundamentales del Art. 3 constitucional y la emanada del mismo: la Ley General de Educación.
El Congreso de la Unión emite el anterior documento y lo remite a los Congresos estatales para su “armonización”. En este caso, en nuestra entidad los legisladores chihuahuenses deberían haber armonizado la Ley General con la Estatal de Educación. No lo hicieron.
Su reciente aprobación empareja a las legislaturas de Nuevo León (¿) Aguascalientes y Chihuahua a las fuerzas más oscuras, reaccionarias y conservadoras que históricamente se han manifestado en contra de los principios liberales que son el fundamento que rigen la Educación Pública en nuestro país.
El origen, del PIN parental (¿) lo encontramos en España y exaltado por el líder misógino y fundador del partido de extrema derecha VOX de reciente fundación y promovente del PIN parental en su país. VOX de momento es la tercera fuerza política en la península ibérica. La similitud que existe con el también partido de extrema derecha PAN es enorme. Las acciones de VOX y el PAN son idénticas. Trastocan los cimientos para que en la una y otra nación no se ejerzan políticas públicas de género, incluyentes y democráticas que beneficien a la sociedad. Las acciones de inconstucionalidad tanto en España y México al promover el PIN parental por ambos partidos de derecha causa y causara reacciones enérgicas de organizaciones ciudadanas que se oponen públicamente a la idea de la instalación del PIN parental que hace un daño inconmensurable a los sistemas educativos públicos de ambos países.
La lucha por imponer sus criterios éticos, cívicos, religiosos y sexuales de la clase más retrograda en nuestro país y nuestro Estado ha sido histórica y encuentra eco en una legislación local omisa, ignorante y sumisa ante la orden de sus amos y del gobernador. Sordos, soberbios ante el reclamo del magisterio disidente y sociedad civil de no aprobarla, -no sin antes pasarla por un tamiz que analice su viabilidad- y que armonice con la Ley General de Educación y posibilite su aplicación en nuestro estado.
De espaldas y en contra del magisterio, del estado y del pueblo que representa el Congreso del Estado la aprueba y la pasa al despacho del gobernador para su aprobación y aplicación.. Que sigue según lo previsto en la Constitución Política del Estado de Chihuahua.
1.- Recibido el proyecto de decreto, el gobernador puede promulgarlo y ordenar su publicación en el Periódico Oficial del Estado para su entrada en vigor, pero también puede hacerle observaciones, suspender su promulgación y devolverlo con ellas al Congreso dentro de los 30 días naturales al día en que lo recibió. (Art. 70) *(1)’
2.- Si el Gobernador devuelve el proyecto con observaciones, el Congreso lo discute de nuevo en cuanto a éstas, previo dictamen de la comisión respectiva. Si el Congreso ratifica con el voto del 67 % de los diputados permanentes o lo modifica de acuerdo con las observaciones hechas, el proyecto vuelve al Gobernador para su promulgación y publicación sin más trámite. (Art.70) *(2)
Pero que es en esencia el PIN parental. Veamos:
*Básicamente, esta iniciativa es una violación al derecho humano de las niñas y los niños a recibir educación científica, incluyente y democrática
La iniciativa, le reconoce a los padres y tutores el derecho “de prestar su consentimiento previo, conjunto, o por escrito” así como a “manifestar su oposición o negativa” sobre “el contenido de las clases y actividades” así como de “talleres, pláticas o charlas” que se impartan en los centros educativos que sean considerados contrarios a sus convicciones éticas, morales o religiosas.
La iniciativa del “PIN” parental elimina a las niñas y los niños como personas y titulares del derecho a una educación integral. Que los padres tengan el derecho a elegir el “tipo de educación que habrá de darse” no significa que tienen el derecho de elegir si se les dará acceso a la educación que todas las demás niñas y niños tienen disponible.
El artículo 3 de la Constitución establece que la educación “se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios”. Este mismo artículo plantea también que la educación en nuestro país contribuirá a mejorar la convivencia humana para fortalecer el “aprecio y respeto” a la dignidad de las personas. Permitir que los padres y tutores puedan vetar de manera unilateral el contenido educativo que consideren es en sí mismo contrario a todos estos principios. Las niñas y los niños tienen derecho a saber que las cosas existen, independientemente de los valores y lecturas que en sus casas les inculquen frente a esas realidades. La ciencia nos presenta hechos, las personas buscamos reaccionar a ellos conforme a nuestras posturas éticas, políticas y espirituales. Pero pretender eliminar los hechos además de inconstitucional es deshonesto. ¿Cuál es el tipo de información que se teme se les enseñe para que la única manera de confrontarla sea prohibiéndola y no presentando pruebas científicas y argumentos que la contradigan?
La iniciativa presenta razones de sobra para no ser aprobada. Desde su fundamentación hasta la ambigüedad de su redacción, pasando por sus indudables contradicciones con la Constitución.
Creo que una de las principales razones para no consentirla es que confunde el cuidado de las hijas e hijos con la imposición, la tutela con la propiedad. Frente a eso tenemos que ser enfáticos: las niñas son de sí mismas, los niños son de sí mismos. Tienen derecho a una educación integral, así como a la formación ética que sus padres deseen impartirles, para que sobre esas dos bases reconozcan quiénes son y qué creer.
El llamado PIN Parental no es más que un veto que le da derecho los padres de familia para evitar que sus hijos, dentro del aula escolar, puedan acceder a información sobre ciertos temas. En este caso, casi de forma expresa, se establece que es en relación a la educación sexual. Lo han dicho muchísimos estudios: en las sociedades donde la educación sexual es un tabú, crece la violencia sexual, embarazos no deseados, e incluso la violencia contra la comunidad LGBT”.
Esta reforma vulnera los derechos de los niños, niñas y adolescentes al fomentar que se prescinda de información esencial para su salud y desarrollo:
“Evidentemente vulnera varios derechos de los niños. El primero, en donde se señala que la educación es laica, lo está vulnerando. La tradición religiosa del estado va a tener impacto en la educación que los padres elijan.
Estas modificaciones a la ley van en contra los principios básicos de una “educación inclusiva, equitativa y democrática que promueva oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todos.
Editado, reeditado y toma de apuntes. Profr. Noé García. Críticas y aseveraciones de grupos de la sociedad civil. Congreso del Estado de Nuevo León. Congreso del Estado de Aguascalientes.
