Por: Víctor M. Quintana S. (Activista e investigador-docente de la UACJ)
Ser joven y pobre en Ciudad Juárez es cuestión de alto riesgo. Aquí la impunidad es tanta que todos los crímenes se hacen seriales: siempre con el feminicidio, ahora con las narcoejecuciones y la brutalidad policiaca.
En Juárez pasa lo que hace días señaló Clara Jusidmann, presidenta del Grupo Tepoztlán Víctor L. Urquidi: además del hambre y la violencia social que dejará el Covid-19, el principal riesgo es la balcanización del país, pues las bandas criminales se están apoderando de territorios completos ( El Financiero, 8/6/20)
A la par del avance del Covid-19, iniciado en las maquiladoras de esta frontera, que ya causó 420 defunciones, 81 por ciento del total de Chihuahua, ha surgido una nueva oleada de homicidios dolosos, comparable cuantitativamente, a la de los aciagos años 2008-2011. En 2019 esta frontera sufrió mil 286 homicidios, las dos terceras partes de todo Chihuahua. En lo que va de 2020 la tendencia es peor: al 15 de junio se contabilizaban 763 asesinatos (https://ficosec.org/homicidios-dolosos-2020/). Juárez vuelve a figurar como una de las cinco ciudades con más homicidios por 100 mil habitantes de todo el mundo, con 104.54, sólo por debajo de Tijuana a escala nacional ( Forbes, 2/6/20).
El padre Óscar Enríquez, director del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte afirma: “lo que distingue la marejada de violencia de la de hace una década es que aquella era resultado de la intervención directa del Ejército y Policía Federal, a partir del Operativo Conjunto Chihuahua, iniciado en marzo de 2008, como parte de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón”. La intervención de las fuerzas federales buscaba controlar el territorio de esta frontera y el mercado de enervantes. Esto generó una escalada de homicidios dolosos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas, secuestros, extorsiones y cobros de piso. Ante ello los cárteles buscaron acumular fuerzas y reposicionarse, aliándose a ciertos sectores de las fuerzas de intervención y combatiendo a otras.
Ahora, a pesar de que no hay una intervención de fuerzas federales, ni se ven extorsiones, secuestros ni cobros de piso, se ha dado un terrible incremento de los homicidios de jóvenes en las colonias populares, vinculados con el consumo o el comercio al menudeo de enervantes, sobre todo el cristal.
La acción de los diversas policías no sólo es insuficiente para contrarrestar la criminalidad, sino hasta contraproducente, dados los altos niveles de violencia policial contra la población de jóvenes de las colonias pobres, misma que viene denunciando desde 2011 el Centro Paso del Norte: detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas.
En el más reciente hecho de violencia policial, nueve agentes estatales acaban de ser detenidos como presuntos responsables de delitos de robo con penalidad agravada, abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza en perjuicio de un adolescente al que arrestaron ilegalmente y saquearon su domicilio de donde robaron 400 mil pesos. José Ángel Magaña, de 40 años, tío del joven denunció el atropello cometido por los agentes estatales, pero luego fue encontrado sin vida en su vehículo. Ahora la familia se encuentra en autoexilio por temor a represalias policiacas.
Para el padre Óscar los abusos de las policías municipal y estatal, como antes lo fueron de la Federal y del Ejército, son ya estructurales en Juárez. Las detenciones arbitrarias, las torturas dentro de los separos de la Fiscalía son ordinarias. Nos sentimos impotentes por no haber logrado el impacto que pretendemos, reconoce, pues estas prácticas continúan, a pesar de que otras organizaciones de jóvenes también las han denunciado.
Pero el viernes 12 las muchachas juarenses gritaron: ¡Basta! en una combativa manifestación en el centro de Juárez de los colectivos Hijas de su Maquilera Madre y Anarcobrujas del Desierto, protestando airadamente, haciendo pintas y gritando la consigna: La chota no nos cuida, mata. ( La Verdad Juárez, 12/6/20). Detrás de las expresiones, aun vandálicas de las jóvenes está una muy justificada demanda por el cuidado hacia las y los jóvenes: no sólo a que las cuiden de la violencia del crimen, sino a que les garanticen su seguridad humana, entendida como señala la ONU: vivir libres del miedo y libres de la necesidad.
Porque es la falta de justicia, de sentido de su vida, de atención a sus derechos básicos, la violencia familiar, es lo que cada vez orilla a más y más jóvenes de por acá a las adicciones. En septiembre de 2019 la Fiscalía General del Estado de Chihuahua contabilizaba 108 mil adictos en Juárez; hoy habla de casi 150 mil.
Acabar con el juvenicidio en Juárez, implica un gran esfuerzo de los diversos órdenes de gobierno y la sociedad civil por disminuir la demanda creciente de drogas, atendiendo las causas sociales y sicosociales que precipitan a las y los jóvenes a las adicciones. Garantizarles el acceso diversificado y pertinente al sistema educativo, al empleo, a la cultura y al deporte. Poner a su disposición espacios de atención sicosocial, de acompañamiento, en procesos siempre diseñados desde los barrios, desde abajo. Se requiere una dosis ilimitada de maestros, tutores, sicoterapeutas. Y dosis limitadas de policías capacitados, cercanos a la comunidad, que los conozcan, que los cuiden.
Sólo así, con cuidados y no con chotas que maten, irán las y los jóvenes de Juárez rescatando el territorio para ellos, no para las bandas criminales.
