CDMX.- La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, propuso transformar a la CNDH en una «Procuraduría de Pobres».
Por lo anterior, expuso, que a través de una reforma Constitucional al artículo 102, apartado B, de nuestra Carta Magna, solicitará que sus recomendaciones sean vinculantes.
En un pronunciamiento con motivo de los 30 años de este organismo autónomo nacional, para justificar su propuesta, Piedra Ibarra, se remitió al año de 1947, cuando se aprobó » la propuesta humanista de Ponciano Arriaga para crear la Procuraduría de Pobres, que tenía el propósito de proteger a los pobres».
Argumentó que, en ese entonces, dicho organismo, además de defender los derechos humanos de personas de escasos recursos contra los abusos de una autoridad, contaba con facultades para denunciar y solicitar la reparación del daño que correspondiera.
Esa es la tradición del Defensor del Pueblo en nuestro país, y la que hemos de reivindicar ahora, a 30 años del nacimiento de la CNDH y del agotamiento de su modelo de operación. Fracaso evidente en el enorme costo que ha representado para el pueblo, y los escasos resultados logrados, algo que no decimos nosotros sino que han documentado infinidad de ONG’ s y organismos tanto nacionales como internacionales.
Entonces, una parte de la lucha es lograr que las recomendaciones tengan carácter vinculante, que las autoridades las acaten y reparen el daño consecuencia de sus actos, tener sobre todo mayor incidencia en las políticas públicas. Reducir los gastos de la Comisión, optimizar los recursos, y centrarnos en lo que nos corresponde hacer: atender a las víctimas de violaciones de derechos humanos y a quienes están en riesgo de serlo”, expuso.
Rosario Piedra Ibarra añadió que la tradición internacional, mantiene a los organismos defensores de los derechos humanos, al margen de la competencia de todo tribunal u órgano jurisdiccional, pero también de una incidencia efectiva en la prevención y respeto de los derechos humanos.
Por lo anterior, enfatizó que es tiempo de dejar atrás un modelo que privilegió la promoción y divulgación de los derechos humanos, pero descuidó lo esencial de su misión: su protección y defensa.
Según los juristas y defensores ortodoxos que defienden este modelo, lo contrario, es decir otorgarle más facultades de calificación, desvirtuaría la naturaleza de una institución defensora de derechos humanos, por lo que su fuerza se reduce a la emisión de recomendaciones que además, afirman, no pueden ser vinculantes» , explicó.
