CDMX.- Juristas de la UNAM, dirigentes de partidos, economistas, líderes empresariales y legisladores rechazaron la iniciativa del presidente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, de otorgar facultades constitucionales al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) para que pueda “entrar, sin ningún impedimento legal, a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas”.
El legislador con licencia morenista agregó que el Instituto » también debe tener acceso a las cuentas del Servicio de Administración Tributaria y a toda la información financiera y bursátil de las personas”. Además, planteó que “cada dos años (el Inegi) debe de dar cuenta de los resultados que arroja la totalidad de los activos con los que cuenta cada mexicano”.
Al respecto, el jurista Diego Valadés opinó que la propuesta «no tiene en cuenta que la seguridad jurídica es un principio constitucional básico de toda democracia.
“Si la Constitución fuera reformada en el sentido que se propone, el Estado mexicano se convertiría en un Estado policial. Prefiero creer que esa propuesta es solo un error impremeditado, y no que se trata de un proyecto para substituir la democracia en México”, expuso en entrevista con El Financiero.
La también doctora en Derecho Constitucional e investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, María del Pilar Hernández, consideró que “plantear una reforma a todas luces inconstitucional, recuerda las medidas adoptadas en otras latitudes so pretexto de situaciones de ‘excepción’, en los que cada vez más la vida y los derechos de ciudadanía pueden ser sacrificados».
Agregó que la extensión de estas tácticas policiales plantea problemas singulares y, con frecuencia olvidados, que inician con las justificaciones sobre la militarización de la seguridad ciudadana y terminan en autocracia.
“En ningún Estado democrático constitucional contemporáneo existe, aún frente a las crisis económicas o sanitarias, la pretensión del regreso a un Estado de policía, y trastocar nuevamente la Constitución erigiendo a un órgano administrativo coadyuvante en la generación de políticas públicas”, advirtió.
Y consideró que ni el artículo 26, apartado A, de la Constitución, ni la propia Ley del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geografía soportan una propuesta de tal naturaleza, de convertir al Inegi en un órgano fiscal, mucho menos en un fiscalizador de la riqueza.
La Coparmex rechazó la propuesta del grupo parlamentario de Morena ya que se buscaría encarecer aún más la convivencia fiscal de las empresas y no hay razón para mezclar los mandatos del INEGI y del SAT.
“El que se pretenda fusionar la información y pueda haber un intercambio de datos entre el sistema del SAT y el INEGI, sobre todo si esto puede agregársele los datos de personas, es altamente nocivo para la confiabilidad que los particulares puedan tener en dicha información y lo que conduciría es que se estuviera falseando por los declarantes la información”, señaló Gustavo De Hoyos Walther, presidente del organismo
Gabriel Casillas, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF, señaló que “entendemos el tema de que no esté bien medida la riqueza del país y por lo tanto no esté bien medida la desigualdad…, sin embargo, no vemos estas facultades, si se le dan al INEGI, nos parecen medidas que no van a apoyar lo que se requiere”.
Además de esta propuesta, resalta la aplicación de lo que en el partido político denominan “Progresividad fiscal”, con lo que cada mexicano debe de contribuir a los gastos del estado y al financiamiento del ‘Estado de Bienestar’ (concepto que también deberá incluirse en la Constitución para la construcción de un nuevo Estado, según señala el documento).
Rodolfo de la Torre, investigador del Centro de Estudios Espinoza Yglesias (CEEY), apuntó que “la medición de la riqueza y su concentración es necesaria, como lo es la de las contribuciones al fisco y la recepción de los beneficios del gasto público.
“La clave es mantener la confidencialidad debida y los incentivos a revelar información fidedigna. Con cuidado se puede”, puntualizó.
Eduardo Sojo, director del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas (LNPP) expuso que “Sería muy interesante; aunque sería como estadística experimental, porque hasta donde yo recuerdo no existe una norma de cómo debería medirse, y los registros administrativos son muy limitados en nuestro país”.
En contraste, Amín Vera, economista en jefe de BW Capital, dijo que es contradictorio que se le den tantas facultades al INEGI, puesto que “es una hipocresía por parte de la administración escudarse detrás del discurso contra la desigualdad cuando, en los hechos, ha recortado salvajemente el presupuesto de las instituciones responsables de este tipo de mediciones, especialmente del INEGI y del Coneval”.
Raymundo Tenorio, catedrático emérito del Tec de Monterrey, consideró que es factible la petición, pero preocupa la vulnerabilidad de los datos personales, por lo que se estarían violando garantías individuales.
“Al tener documentado quién, cómo y de dónde forma su riqueza, en casos extremos de regímenes comunistas así reparten la riqueza”, indicó.
‘Es para erradicar la desigualdad en el país’: Ramírez Cuéllar
El dirigente de Morena refirió que su iniciativa, que forma parte de la propuesta de impulsar un Acuerdo de Unidad y de Solidaridad Nacional, es para medir no solo la pobreza, sino la desigualdad y la concentración de la riqueza.
“El Inegi debe entrar, sin ningún impedimento legal, a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas. Cada dos años debe de dar cuenta de los resultados que arroja la totalidad de los activos de cada mexicano”, explicó.
El diputado federal con licencia aseveró el lunes que la desigualdad extrema limita los avances en la lucha contra la pobreza y restringe el crecimiento del capital físico, social y humano, que es necesario para mejorar las condiciones de vida de la población.
Afirmó que cerca de la mitad de la población del país está en condiciones de pobreza, mientras que la riqueza se concentra en unos cuantos: “México tiene miles de millones de dólares que constituyen una riqueza totalmente inobservada”.
Refirió que actualmente existen dos grandes fuentes de información para conocer los datos de desigualdad: las encuestas de ingreso-gasto y las declaraciones fiscales. Sin embargo, la información en las encuestas es imprecisa y existen malas prácticas en el pago de impuestos.
Por ello, propuso dotar al Inegi, un órgano constitucional autónomo, de mayores facultades para que diseñe una metodología más adecuada para conocer las verdaderas dimensiones de la desigualdad en México.
“No se trata solo de dar cuenta del ingreso y el gasto de las familias y las personas. Medir la pobreza en México es un gran avance. La información por deciles es buena, pero se requiere descomponer la composición del X decil, y ver los componentes y estratos que lo integran», dijo.
Según Ramírez Cuéllar, el instituto también debe acceder a las cuentas del SAT y a toda la información financiera y bursátil de las personas para evitar que la información obtenida esté determinada por ideologías. “Necesitamos datos confiables para erradicar la desigualdad”, subrayó.
En entrevista con Sofía Villalobos para El Financiero Bloomberg TV, Ramírez Cuéllar aclaró, además, que su iniciativa no es para quitarle a los ricos.
«No es para quitarles a los ricos, es para que las altas fortunas, como ocurre en cualquier lugar, cooperen lo que deben de cooperar», indicó el político el lunes por la noche.
Calificó como injusto que la clase media y los sectores mas empobrecidos carguen con la mayor parte de los gastos el Estado. «Yo creo que ya llegó el momento de que las grandes fortunas también se solidaricen», opinó.
Legisladores rechazan propuesta
El planteamiento de Ramírez Cuéllar recibió el reproche hasta de sus compañeros de partido. El senador morenista suplente, Alejandro Rojas Díaz Durán, aspirante a dirigente nacional, sostuvo que la propuesta es inconstitucional y violatoria de las garantías, derechos humanos y libertades públicas.
“Que el INEGI tenga facultades de policía investigadora, interventora y de ministerio público es un paso a un régimen represor, dictatorial y totalitario. La izquierda radical de Morena sigue en el infantilismo político, como bien lo dijo Lenin, haciéndole el trabajo sucio a la ultra derecha golpista. Su propuesta siembra la desconfianza y nos resta millones de votos para el 2021”, acusó.
El senador Ricardo Monreal aclaró que no hay aún ninguna iniciativa sobre el tema. «Como mayoría vamos a actuar con responsabilidad política y con prudencia”, aseguró.
El dirigente del PAN, Marko Cortés; el CEN del PRI, la dirigencia del PRD, así como sus grupos parlamentarios en San Lázaro también rechazaron la propuesta y la calificaron de “autoritaria” y como “un distractor”.
Con información de Víctor Chávez, Guillermo Castañares, Leticia Hernández, Eduardo Ortega y Sofía Villalobos.
Fuente: El Financiero
