Chihuahua.- El diputado Omar Bazán propuso la creación de un fondo por 393 millones de pesos para cubrir el costo de las mil 025 viviendas construidas en la colonia Rinconada Los Nogales, ubicada a un costado de la fundidora de Avalos, en la ciudad de Chihuahua.
Como se sabe, el fraccionamiento se ubica a escasos metros de jales que contienen plomo, arsénico, cadmio y zinc, cobalto 40, aluminio, manganeso y mercurio, entre otros, que afectan la salud de sus habitantes.
Mediante una iniciativa, Omar Bazán propuso que el Congreso del Estado apruebe una partida extraordinaria por 393.8 millones de pesos como indemnización a las mil 025 familias que habitan la colonia.
Los recursos serían operados por la COESVI, precisó el legislador priista quien además exhortó al gobierno estatal a que ejecute las acciones de responsabilidad judicial que resulten por los daños al erario que generó la creación de esta colonia ubicada al sur de la capital del Estado.
La colonia Rinconada de los Nogales, cuenta con un total de 1,025 viviendas:
En la Etapa I, en el año 2004, se construyeron 100
En la etapa 2, edificada en el 2005, se construyeron 570 y en la etapa 3, terminada en el 2006, 355 viviendas.
Su creación fue aprobada durante la administración municipal 2004-2007 en la modalidad de urbanización por etapas, dictámenes que fueron presentados en dos sesiones, el primero en septiembre y el segundo en octubre del 2005.
Se entregaron en pie de casa mediante crédito a trabajadores del municipio del gobierno estatal, aún y cuando se conocían los riesgos que implicaba en materia de salud pública.
De hecho, La COESPRIS manifestó en su momento a los medios de comunicación, que efectivamente el suelo, el agua y el aire se encuentran contaminados.
Ante tal situación, los vecinos por medio de manifestaciones, lograron que Gobierno del Estado realizara ciertas acciones, en primera instancia que se tomaran muestras de sangre a alrededor de 400 niños: los resultados de las muestras fueron entregadas a algunas familias, en el mes de diciembre del 2014 y en ellos se determinó que la mayoría de los niños presentó una intoxicación con plomo en su sangre, lo cual refirió la Secretaria de Salud que se encontraba dentro de los parámetros permisibles establecidos por las normas al respecto
Sin embargo los vecinos no quedaron conformes y volvieron a hacer presión social y se logró que el ex Gobernador César Duarte ordenara realizar estudios moleculares a alrededor de 400 niños así como estudios de impacto ambiental en la zona por personal del Instituto Politécnico Nacional y cuyos resultados serían entregados en el mes de abril del 2015.
Los vecinos por cuenta propia han investigado y encontrado estudios de años anteriores realizados por alumnos y catedráticos de universidades, por el Centro de Investigación en Materiales Avanzados, así como por la comunidad de Stuttgart, Alemania, mismos que refieren que la zona en la que habitan es altamente contaminante y perjudicial para la salud y que no solo existe plomo en el área sino que hay entre 21 y 43 metales que pueden ser aún más perjudiciales para la salud humana.
además sabemos que por el tiempo que llevamos habitando en esta zona, los metales se pueden alojar en otras áreas del cuerpo como por ejemplo los huesos, los órganos o el cerebro, llegando a causar daños irreversibles. Ya que dichos metales todos son cancerígenos en la población humana
Podemos considerar en función de la concentración, intensidad , dosis, tiempo y frecuencia de la exposición a estos metales pesados, plomo, arsénico, cadmio, zinc, mercurio ,flúor y metales radioactivos; que estos tóxicos, fueron inhalados, digeridos, absorbidos, tomados en los líquidos y por todos las vías de contacto conocidas hasta la fecha sobre todo en niños y amas de casa en los que la exposición acumulada en 10 años equivale a 30 años de la exposición laboral de un trabajador promedio y que actualmente nos encontramos en fase de secuela.
Los padres proveedores acumulan dos tercios de esta exposición es decir 20 años y se encuentran de igual manera en fase de secuela. Actualmente este problema se ha convertido para el estado en un pasivo ambiental.
El 6 de noviembre del 2015 se firmó un convenio tripartita entre el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, el ex Secretario General de Gobierno en representación de Gobierno del Estado de Chihuahua y esta asociación Familias Unidas por la Salud de los Niños, en dicho convenio el Gobierno del Estado se comprometió a tomar acciones en los temas referentes a salud y vivienda.
En relación al sector Salud, se comprometieron a realizar estudios por parte de Pensiones Civiles del Estado y a brindar atención médica en los casos necesarios; se practicaron estudios de laboratorio, toráxicos, antropométricos y psicológicos.
De los resultados obtenidos se advierten diversos daños atribuibles a la exposición a los metales pesados, aun así hasta la fecha ningún niño, ni adulto ha recibido atención médica, ni se establecieron unidades de vigilancia médica toxicológica con especialistas en metales pesados.
En relación al sector vivienda, expone Bazán Flores en su iniciativa, se comprometieron a reubicar de manera inmediata a las familias solicitantes y prestar viviendas en comodato, así como gestionar los pagos de las viviendas con el presupuesto de egresos 2016.
La organización de vecinos FAMUNISA, informó que el convenio no se ha cumplido en su totalidad ya que solo unas familias fueron reubicadas bajo la figura de comodato en casas que son indignas, pequeñas y degradan el nivel social en el cual habitaban en el Fraccionamiento, por lo que se vieron en la necesidad de interponer una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como también cuentan con una averiguación previa colectiva en la PGR AP.PGR/CHIH/JUA/14/2016-II-B y mediante oficio 303/2018, se reconoció a los pobladores del fraccionamiento con el carácter de víctimas; también se interpuso una demanda colectiva vía civil, donde se emitieron algunas medidas cautelares en atención médica y la Secretaria de Salud solo ha proporcionado atención medica de primer nivel, sin atender en su totalidad estas medidas.
Es importante que el Estado garantice el derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el derecho a la protección de la salud que se establece también en nuestra Carta Magna, precisó el legislador priísta.
