Chihuahua.- Arturo Medina, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, presentó un punto de acuerdo para exhortar al Gobierno Federal, a través de la Fiscalía General de la República (FGR), a evitar retenes o puntos de vigilancia injustificados en las carreteras de Chihuahua y garantizar que cualquier operativo se realice con vehículos oficiales plenamente identificables y agentes que acrediten su identidad.
La propuesta surge ante las denuncias de ciudadanos y transportistas sobre presuntos cobros indebidos, intimidaciones y exigencia de dádivas en puntos de revisión instalados en la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez. Medina advirtió que las labores de seguridad y persecución del delito son indispensables, pero deben realizarse siempre dentro de la ley y sin convertirse en espacios para abusos de autoridad o afectaciones a quienes transitan por las carreteras.
Los diputados de Morena presentes en la sesión rechazaron la propuesta de Medina, bajo el argumento de que “no les constan” las molestias que los regenera irrrgualres causan a la ciudadanía.
Medina lamentó la postura de Morena y afirmó que esta los confirma como lo que se ha denunciado durante mucho tiempo: enemigos de la paz y los derechos humanos.
“Queremos instituciones fuertes, queremos presencia de la autoridad y queremos que se combata con firmeza a la delincuencia, pero la seguridad nunca puede estar separada de la legalidad. Quien porta una placa y representa al Estado tiene una responsabilidad todavía mayor de actuar con honestidad, profesionalismo y absoluto respeto a los derechos de las personas”, señaló Medina.
El legislador destacó que la carretera federal 45 constituye una de las principales arterias económicas y logísticas de Chihuahua, por lo que revisiones tardías, ineficientes o realizadas fuera de protocolos adecuados pueden afectar a transportistas, familias y cadenas de suministro vinculadas con las exportaciones hacia Estados Unidos.
Medina recordó que existen señalamientos sobre revisiones efectuadas incluso desde vehículos sin logotipos oficiales, así como denuncias de transportistas sobre exigencias de pagos de hasta 20 mil pesos. Por ello, consideró indispensable que las autoridades federales investiguen los hechos y garanticen que sus operativos se desarrollen bajo los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.
Como parte del punto de acuerdo, Medina propone además solicitar la participación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en estos puntos de revisión, con el objetivo de vigilar los operativos y prevenir posibles violaciones a la dignidad, integridad y patrimonio de las personas.
Finalmente, Arturo Medina refrendó su compromiso con la seguridad y el Estado de derecho, y sostuvo que combatir al crimen y proteger a la ciudadanía exige instituciones confiables que actúen dentro de la ley.
“Chihuahua necesita seguridad, pero seguridad con legalidad. Vamos a respaldar toda acción que sirva para combatir a los delincuentes y proteger a las familias, pero también vamos a señalar cualquier abuso y exigir que cada autoridad cumpla estrictamente con la ley. Defender el Estado de derecho significa que nadie puede estar por encima de él”, concluyó.
