Una serie de denuncias internas comenzaron a circular en torno al CONALEP Chihuahua, las cuales advierten sobre un presunto esquema de corrupción, desvío de recursos públicos y utilización política de la institución, que —de confirmarse— podría configurar uno de los casos más delicados recientes en el ámbito educativo estatal.
De acuerdo con la información difundida, las acusaciones apuntan hacia la administración encabezada por Omar Bazán Flores, a quien se le atribuye la posible conformación de una estructura paralela al interior del organismo desde su llegada en diciembre de 2024.
Entre los señalamientos, se menciona la presunta creación de figuras denominadas “Enlaces”, las cuales no formarían parte del organigrama oficial y que, según los denunciantes, operarían más como mecanismos de control político que con funciones académicas o administrativas. A esto se sumaría la contratación de supuestos “Consejeros” externos ligados políticamente, quienes percibirían ingresos sin que exista claridad sobre sus funciones.
Asimismo, se advierte sobre una posible nómina inflada con perfiles que, presuntamente, no desempeñarían labores sustantivas. En ese contexto, se mencionan casos como el de Ruth Raquel B. O., quien —según los reportes— recibiría ingresos superiores a algunos directivos (por ejemplo el del Conalep Juárez III) sin acudir a laborar, así como el de Edgar P. Q. y Ana Georgina Z. L-, quienes aparecen en la nómina del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) y señalados presuntamente por desempeñar funciones ajenas a la operación institucional.
En el apartado financiero, las denuncias refieren un posible uso irregular de recursos públicos que incluiría viáticos sin justificación -incluso se menciona que entre sólo tres personas acumularían un adeudo de cientos de miles de pesos-, gastos en promoción personal en redes sociales, remodelaciones presuntamente innecesarias, adquisición de vehículos sin autorización y compras con supuesto sobreprecio. Apuntan que el monto estimado del presunto desvío sería de varias decenas de millones de pesos.
Otro de los puntos señalados es el uso de convenios institucionales como presunta fachada para el manejo de recursos. Se cita como ejemplo un acuerdo con el Instituto Chihuahuense de Salud Mental, en el que —según la denuncia— los pagos no se realizarían de manera institucional, sino a particulares, lo que podría constituir una posible triangulación.
De igual forma, se advierte un supuesto conflicto de interés al señalar que recursos del Conalep habrían sido utilizados en beneficio de proyectos privados vinculados al propio titular, incluyendo instituciones educativas y asociaciones civiles, lo cual —de comprobarse— implicaría un uso indebido del erario.
Las denuncias también acusan que la institución estaría siendo utilizada como plataforma de posicionamiento político, con presuntas presiones al personal para generar contenido favorable en redes sociales o participar en actividades de promoción. Incluso, se asegura que a particulares o empresas se les solicitaría material de reconocimiento hacia la dirección como condición para realizar trámites.
En el ámbito laboral, trabajadores describen un clima interno tenso, con señalamientos de presunto acoso laboral, represalias administrativas y bloqueo institucional contra quienes manifiestan inconformidades.
Aunado a ello, se advierte un posible incumplimiento en el pago de aportaciones al ISSSTE, lo que —según los denunciantes— estaría afectando directamente a trabajadores, particularmente a quienes cuentan con créditos o prestaciones ligadas a dicho instituto. Este punto lo negó el director general apenas esta semana, enfatizando que están al corriente y que los golpes vendrían de un reducido grupo disidente.
Finalmente, los denunciantes señalan que autoridades del sector educativo, incluyendo instancias de la Secretaría de Educación y Deporte de Chihuahua, habrían sido notificadas de las presuntas irregularidades. Ante la gravedad de los señalamientos, se plantea la necesidad de una eventual intervención de órganos de fiscalización y combate a la corrupción, a fin de esclarecer los hechos.