-La resolución advierte una posible afectación a la presunción de inocencia y establece restricciones para los pronunciamientos públicos del secretario general de Gobierno; este jueves se resolverá si la medida se mantiene
Una jueza federal concedió una suspensión provisional a Andrea Cecilia Domínguez Anguiano dentro del juicio de amparo 2673/2026-XIII-7, promovido contra actos atribuidos al secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, al advertir una posible afectación a su derecho a la presunción de inocencia derivada de declaraciones públicas del funcionario.
La determinación fue emitida el pasado 5 de noviembre por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua y establece que la autoridad señalada como responsable deberá abstenerse de realizar pronunciamientos de culpabilidad o expresiones insidiosas que puedan vulnerar dicho derecho, en relación con la información vinculada a la denuncia presentada por Domínguez Anguiano.
De acuerdo con los argumentos expuestos por la defensa, la resolución considera la posición institucional del secretario general de Gobierno y la influencia que pueden tener sus declaraciones públicas, por lo que establece que los funcionarios de alto rango deben conducirse con especial diligencia, verificar razonablemente la información y respetar los derechos fundamentales de las personas involucradas.
En las páginas 18 y 19 del documento judicial se desarrollan consideraciones sobre la responsabilidad de los servidores públicos en el manejo de información relacionada con denuncias y señalamientos que todavía se encuentran bajo análisis de las autoridades.
La defensa de Andrea Domínguez sostiene que el funcionario tenía conocimiento previo de la situación que ella denunció ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos el 6 de octubre de 2026, en un escrito en el que refirió presuntas amenazas, actos de intimidación y posibles abusos de autoridad.
Entre los antecedentes expuestos en el juicio de amparo se encuentra también el supuesto reconocimiento del secretario de haber revisado dicha queja, así como de conocer a la promovente y haberla recibido anteriormente en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.
A partir de estos elementos, la defensa cuestiona tanto las declaraciones que atribuye al funcionario como la falta de una eventual intervención institucional para canalizar el caso hacia las instancias correspondientes, valorar posibles condiciones de riesgo y establecer mecanismos de protección.
En total, la demanda plantea ocho aspectos relacionados con la actuación del secretario, cuatro vinculados con declaraciones y antecedentes que, a consideración de la promovente, pudieron afectar sus derechos, y otros cuatro referentes a presuntas omisiones en materia de atención, protección y prevención de posibles represalias.
Los representantes legales consideran que estos hechos deben ser examinados también desde el ámbito de las responsabilidades administrativas y, en su caso, penales, aunque precisan que cualquier consecuencia de esa naturaleza dependerá de que se acrediten las conductas y los elementos jurídicos correspondientes.
Por lo pronto, la suspensión provisional representa una determinación cautelar dentro del procedimiento de amparo y no constituye una resolución definitiva sobre el conjunto de los señalamientos formulados contra el funcionario.
El siguiente paso será la audiencia incidental programada para este jueves 12 de noviembre, a las 9:26 horas, en la que el órgano jurisdiccional deberá resolver sobre la procedencia de la suspensión definitiva.
La defensa informó que continuará con el seguimiento del juicio y con las gestiones para que sean atendidas las solicitudes de protección institucional planteadas por Andrea Domínguez, además de buscar que se esclarezcan los hechos denunciados y se determinen las responsabilidades que, en su caso, pudieran existir.