La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de avalar que la Unidad de Inteligencia Financiera pueda intervenir y congelar cuentas bancarias sin orden judicial encendió alertas en el ámbito político y jurídico, al considerarse que deja en estado de indefensión a los ciudadanos.
El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, advirtió que esta resolución abre la puerta a que la UIF pueda ser utilizada como un brazo político, al permitir acciones basadas incluso en “una simple sospecha” o decisiones de carácter discrecional.
“El estado de indefensión para todos los ciudadanos mexicanos es gravísimo. La Corte continúa revelando las verdaderas razones por las cuales fue destruida esta noción que nosotros tenemos de la Corte”, expresó, al cuestionar el sentido de los cambios impulsados desde el Gobierno Federal al máximo tribunal.
De la Peña señaló que siguió de cerca la discusión pública y los argumentos expuestos por ministras y ministros, y aunque dijo respetar sus investiduras, criticó que se haya dado viabilidad a lo que calificó como una intervención arbitraria. “Sin ninguna explicación ni fundamento jurídico, pueden intervenir las cuentas de cualquiera de los que estamos aquí”, apuntó.
Asimismo, destacó que una de las ministras se pronunció en contra del proyecto al considerar que vulnera el principio de certeza jurídica, postura que —dijo— evidencia la gravedad de la determinación adoptada por la Corte.
El funcionario estatal subrayó que la resolución contraviene lo establecido en el artículo 16 constitucional, al permitir que una autoridad del Poder Ejecutivo actúe sin orden judicial para disponer de bienes o impedir el acceso a los mismos.
Sostuvo que este fallo refleja “los saldos” de lo que calificó como una “aventura” iniciada años atrás con los cambios en la Corte, y reiteró su preocupación por el impacto que esta medida podría tener en los derechos fundamentales de los mexicanos.