La Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) defendió la legalidad de la remoción de Marcos Chávez Torres como director ejecutivo de la JMAS de Jiménez y rechazó los señalamientos que realizó el exfuncionario sobre presuntas irregularidades en la ejecución de una obra hidráulica, adquisiciones y programas de capacitación. En conferencia de prensa, el director técnico de la JCAS, Ramsés López Mendoza, y la directora jurídica y presidenta del Comité de Transparencia, Mayté Chitika Holguín, presentaron documentación técnica, financiera y legal para respaldar la actuación del organismo estatal.
López Mendoza explicó que la solicitud formal para separar a Chávez Torres del cargo fue presentada por el director ejecutivo de la JCAS, Mario Mata Carrasco, ante el Consejo de Administración, instancia que finalmente tomó la determinación. Precisó que los artículos 13 Bis y 20 Quinquies de la Ley del Agua del Estado de Chihuahua facultan al Consejo para nombrar y remover a los titulares de las direcciones ejecutivas de las juntas operadoras. De esta manera, aclaró que Mata Carrasco sí solicitó formalmente la remoción, aunque la decisión definitiva correspondió al órgano colegiado.
Uno de los principales puntos de controversia fue la obra de introducción de agua potable y alcantarillado en las colonias Franco Guzmán y Unión Antorchista, respecto de la cual el exdirector había manifestado inconformidades. El funcionario técnico aseguró que los trabajos se realizaron conforme al proyecto autorizado y las especificaciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Como respaldo, informó que la JCAS contrató al perito externo certificado Jesús Valle Salvalandía, quien elaboró un dictamen parcial el 10 de noviembre de 2026, con la presencia de una notaria pública, en el que concluyó que la infraestructura cumple con las especificaciones técnicas para garantizar su funcionamiento.
Respecto a los cuestionamientos sobre la propiedad de los terrenos donde se ejecutaron los trabajos, López Mendoza indicó que la Junta Central solicitó al Ayuntamiento de Jiménez la documentación correspondiente antes de iniciar el procedimiento de licitación. Señaló que el expediente contiene un oficio del 4 de agosto de 2025, mediante el cual la presidenta municipal acreditó la propiedad municipal de las áreas donde se realizaría la obra, por lo que aseguró que la dependencia actuó con base en la documentación expedida por la autoridad competente.
También presentó como elemento de respaldo el acta de entrega-recepción de las redes de agua potable y alcantarillado, firmada por el propio Marcos Chávez sin que asentara observaciones o inconformidades técnicas. Agregó que la obra cuenta con una fianza vigente por vicios ocultos, que obliga al contratista a responder por cualquier falla que pudiera presentarse sin generar costos adicionales al patrimonio público.
En cuanto a las versiones sobre un supuesto cobro de aproximadamente 22 mil pesos por las conexiones domiciliarias, el director técnico aclaró que durante las verificaciones algunos habitantes manifestaron preocupación por esa cantidad, pero precisó que esas expresiones no constituyen por sí mismas evidencia de que se haya realizado algún cobro. Sostuvo que cualquier contratación debe sujetarse a las tarifas vigentes y publicadas oficialmente. Añadió que el proyecto busca atender un rezago de más de dos décadas en el acceso al agua potable y alcantarillado de ambas colonias.
Otro de los argumentos expuestos por la JCAS para justificar el relevo fue el deterioro de diversos indicadores de desempeño de la JMAS de Jiménez. López Mendoza detalló que, con corte a septiembre de 2026, la eficiencia global del organismo pasó de 34 por ciento en 2024 a 31.52 por ciento en 2026, mientras que la eficiencia de cobranza disminuyó de 91.68 a 67.26 por ciento. Asimismo, indicó que el rezago aumentó de 43.4 a 55.3 millones de pesos y la eficiencia comercial global cayó de 78.47 a 65.62 por ciento.
Sobre este punto, explicó que durante 2025 se dio seguimiento a los organismos operadores que presentaban indicadores desfavorables, entre ellos el de Jiménez, a cuyos responsables se convocó para presentar propuestas de mejora. Sin embargo, aseguró que las cifras no mostraron una recuperación y que la decisión de remover al director se tomó después de evaluar su evolución. Precisó que la JCAS tiene bajo su seguimiento 48 o 49 organismos operadores y que solamente uno, dos o tres presentan condiciones particularmente preocupantes.
En relación con los señalamientos sobre la adquisición de micromedidores y la participación de la JMAS de Jiménez en programas federales, López Mendoza sostuvo que el organismo municipal había comprometido acciones dentro del Programa de Estímulos de Agua y Saneamiento, pero posteriormente se negó a participar en la adquisición de esos equipos. Advirtió que esa situación habría puesto en riesgo el cumplimiento de los compromisos estatales ante la Conagua. También defendió los procedimientos de compra de la JCAS, al señalar que se realizan estudios de mercado, se homologan especificaciones técnicas y se adjudican contratos conforme a la legislación estatal de adquisiciones.
Durante la ronda de preguntas, el director técnico también respondió a los señalamientos de Chávez sobre una supuesta capacitación por 16 millones de pesos que, según el exdirector, no habría sido recibida en Jiménez. Explicó que se trata de recursos contemplados dentro del programa federal Proagua, cuyos montos y catálogo de capacitaciones son establecidos por las reglas de operación de la Conagua, por lo que la Junta Central no determina unilateralmente esos conceptos.
Finalmente, los representantes de la JCAS sostuvieron que la remoción se realizó mediante un procedimiento legal y que el Consejo de Administración sesionó con el quórum y las formalidades correspondientes. Indicaron que Marcos Chávez tiene derecho a impugnar la decisión ante las instancias administrativas que considere pertinentes y aseguraron que la dependencia presentará la documentación necesaria para acreditar la legalidad de sus actuaciones.



