El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, consideró que los señalamientos que involucran a la exconsejera presidenta del Instituto Estatal Electoral (IEE) de Chihuahua y exsecretaria general del Instituto Nacional Electoral (INE), Claudia “Cata” Espino, deben ser puestos en manos de las autoridades competentes, a fin de que se determine si existió alguna irregularidad y, en su caso, se proceda conforme a derecho.
Lo anterior, luego de que este jueves comenzó a circular un video en el que Espino aparece conversando con un empresario señalado por presuntos actos de corrupción relacionados con la asignación de contratos en el INE nacional, situación que generó cuestionamientos sobre una posible implicación de la exfuncionaria chihuahuense, quien recientemente renunció a la titularidad del área Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.
Al ser cuestionado sobre su postura frente a estos hechos, De la Peña señaló que su opinión es la misma que ha expresado ante otros casos similares, al considerar que quienes desempeñan un cargo público están sujetos no solamente al marco legal que regula sus atribuciones, sino también a la obligación de rendir cuentas por su actuación.
“Cuando uno es funcionario público está sujeto a la ley en términos de las facultades que ejerce, pero también está sujeto a la ley para efectos de rendición de cuentas precisamente en ese carácter de servidor público”, expresó.
El funcionario estatal consideró que el debate público sobre los presuntos actos irregulares en el INE ha terminado por concentrarse más en identificar quién impulsó o respaldó a la actual expresidenta del organismo electoral, Guadalupe Taddei, para llegar a esa posición, que en esclarecer las posibles faltas cometidas al interior de la institución.
En ese sentido, sostuvo que las discusiones sobre quién recomendó a determinados funcionarios o quién los colocó en sus cargos no deben desplazar la atención de los hechos que pudieran constituir infracciones, pues lo importante es que las instituciones encargadas de investigar puedan determinar responsabilidades.
“Quienes creemos que este país debe procurar siempre un Estado de derecho robusto, que se aplique todos los días, tenemos que acudir a nuestras instituciones”, manifestó.
De la Peña insistió en que corresponde a las autoridades competentes valorar los elementos que se han hecho públicos y determinar si estos representan alguna violación o infracción a la legislación, para que, de ser así, se actúe conforme a derecho.
“Todos quienes tenemos la oportunidad de servir a nuestro país a través del servicio público tenemos que entender que estamos sujetos al marco de la ley y nuestro actuar debe regirse conforme a eso; el que se equivoque o el que violente esa legislación tendrá que sufrir las consecuencias”, concluyó.