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Delegación México-UE exige atención urgente a desplazados por la violencia en Chihuahua
Chihuahua.- Chihuahua enfrenta una situación de violencia que ha provocado el desplazamiento forzado de miles de personas, principalmente en municipios de la Sierra Tarahumara, donde la tala de árboles y la minería, tanto legal como clandestina, representan actividades vinculadas con el enriquecimiento de la economía criminal. Así lo advirtió la Plataforma por la Paz y los Derechos Humanos México–Unión Europea, al concluir una misión internacional de observación que recorrió Guadalupe y Calvo, Baborigame e Hidalgo del Parral.
De acuerdo con cifras presentadas por la delegación, retomadas de la Misión Civil de Observación realizada en mayo pasado, durante 2025 al menos 4 mil 492 personas fueron desplazadas de sus comunidades en Chihuahua, de las cuales mil 335 corresponden al municipio de Guadalupe y Calvo. Además, de las 89 denuncias por desplazamiento forzado registradas, únicamente dos han derivado en sentencias.
Entre el 3 y el 5 de noviembre, integrantes de la delegación escucharon los testimonios de personas que tuvieron que abandonar sus hogares debido a la violencia. Los relatos describieron condiciones de vulnerabilidad y despojo, en un contexto donde, señalaron, la explotación de recursos naturales y los intereses de grupos criminales mantienen a las comunidades bajo presión.
Ante este panorama, el 6 de noviembre la delegación presentó las recomendaciones de la Misión Civil de Observación ante la Comisión de Atención al Desplazamiento Forzado Interno del Estado de Chihuahua, donde insistió en cuatro medidas urgentes: realizar un censo actualizado de personas desplazadas, establecer una mesa de trabajo interinstitucional entre los distintos niveles de gobierno, diseñar un plan integral de atención y asignar un presupuesto específico para ponerlo en marcha.
La visita formó parte del Quinto Viaje de Cooperación y Diálogo México–Unión Europea, denominado “Acompañar a quien resiste, aprender de quien defiende”, realizado del 27 de octubre al 6 de noviembre, con la participación de una delegación que representa a más de 200 organizaciones y que estuvo acompañada por la eurodiputada Diana Riba i Giner.
Durante su estancia en México, la representación también sostuvo reuniones con organismos internacionales y autoridades federales, entre ellas integrantes de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, legisladoras federales y personal de Palacio Nacional, con quienes abordó la situación de personas defensoras de derechos humanos, periodistas y comunidades desplazadas.
En el encuentro con Jesús Ramírez, coordinador de Asesores de la Presidencia de la República, la delegación expuso la necesidad de establecer una estrategia específica para atender el desplazamiento forzado en Chihuahua, así como fortalecer los mecanismos de protección para personas defensoras y periodistas. El funcionario se comprometió a retomar los planteamientos con la presidenta Claudia Sheinbaum y dar seguimiento a las propuestas relacionadas con la entidad.
La agenda también incluyó la exigencia de libertad para Kenia Hernández Montalván, abogada indígena amuzga y defensora de derechos humanos, quien permanece privada de la libertad. La delegación la visitó en el Centro Penitenciario Neza Sur, donde le entregó mensajes de solidaridad provenientes de 18 países de cuatro continentes.
La Plataforma señaló que continuará dando seguimiento a los compromisos establecidos con las autoridades mexicanas y mantendrá las acciones de acompañamiento internacional hasta lograr la libertad de Kenia Hernández y avanzar en la atención de las comunidades afectadas por la violencia y el desplazamiento forzado.
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