Chihuahua.- El Congreso del Estado esperará a que disminuya la tensión en el escenario político de Chihuahua para retomar las negociaciones sobre la creación de una Fiscalía Autónoma, afirmó el diputado del PRI y presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Guillermo Ramírez, quien señaló que el tema continúa en análisis entre las distintas fuerzas políticas.
El legislador reconoció que todavía no existe un consenso para avanzar con la reforma constitucional y atribuyó el retraso a las circunstancias que se han presentado en el ámbito estatal, por lo que consideró necesario esperar a que pase el actual periodo de turbulencia política antes de continuar con las negociaciones.
“Yo creo que más bien se atravesaron algunas otras circunstancias. Ustedes saben que ha estado el ambiente estatal un poco convulsionado. Yo creo que estamos esperando que eso pase y, en ese sentido, estaremos platicando con las diferentes fuerzas políticas para ver qué es lo que prosigue y cómo va esa negociación”, declaró.
Aunque Ramírez no mencionó directamente el caso del exfiscal César Jáuregui Moreno, sus declaraciones se producen en medio de la crisis política y judicial derivada de las investigaciones contra el exfuncionario, quien fue detenido en octubre por autoridades estatales y posteriormente por la Fiscalía General de la República.
Sobre la situación de la Fiscalía General del Estado y el desempeño de Gilberto Loya Chávez como encargado de despacho, el diputado priista manifestó que su bancada observa favorablemente su actuación y destacó su experiencia al frente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
“Hasta ahorita yo creo que el licenciado ha tenido mucho conocimiento en este tema de seguridad. Ustedes saben que estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública y ahora como encargado de despacho, y nosotros estamos viendo bien la actuación del señor Gilberto Loya”, expresó.
La reforma para crear una Fiscalía Autónoma permanece sin fecha definida para su discusión en el Pleno del Congreso. El dictamen fue aprobado previamente en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, pero requiere el respaldo de al menos 22 de los 33 diputados para modificar la Constitución estatal.
