La gobernadora Maru Campos Galván cuestionó la acusación federal por presunta traición a la patria que enfrenta el exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, y sostuvo que la Fiscalía General de la República sorprendió a su administración al presentar esa imputación en el marco de las investigaciones por el operativo en el que fue desmantelado un narcolaboratorio en el municipio de Morelos, entre el 17 y el 19 de abril de 2026. En entrevista con Carlos Loret de Mola para Latinus, la mandataria afirmó que su gobierno había realizado una investigación propia y que existía coordinación para actuar el mismo día que las autoridades federales, pero negó haber conocido de antemano el alcance de la acusación que llevó al exfuncionario a prisión.
Campos explicó que los hechos dieron lugar a investigaciones tanto del fuero común como del federal, debido a que el operativo involucró la participación de agentes estadounidenses y abrió cuestionamientos sobre la colaboración con autoridades extranjeras. Según su versión, la Fiscalía General del Estado integró una investigación especializada y entregó los resultados correspondientes para que el Poder Judicial estatal determinara las responsabilidades que procedieran. La gobernadora sostuvo que el ámbito local debía ocuparse de las posibles irregularidades administrativas o penales de competencia estatal, mientras que los hechos de naturaleza federal correspondían a la FGR.
La mandataria aseguró que ambas fiscalías tenían previsto actuar el mismo día como parte de la coordinación de las investigaciones, pero afirmó que nunca se le informó que la autoridad federal buscaría imputar a Jáuregui por traición a la patria. Calificó esa decisión como una sorpresa y dijo que no podía interpretarse como parte de un acuerdo de su administración para entregar al exfiscal. “Nunca”, respondió cuando se le preguntó si había pactado su detención con el Gobierno Federal, y sostuvo que la actuación de Chihuahua obedeció a una investigación jurídica propia y no a una negociación política con la presidenta Claudia Sheinbaum.
En la misma entrevista, Campos calificó la acusación federal como desproporcionada y cuestionó que los hechos pudieran encuadrarse en el delito de traición a la patria. Argumentó que, a su juicio, esa figura requeriría circunstancias extraordinarias, como un conflicto armado o actos de apoyo a una potencia extranjera en perjuicio de México. No obstante, esas afirmaciones corresponden a la interpretación de la gobernadora y no sustituyen la valoración judicial de los elementos presentados por la Fiscalía General de la República. La acusación federal continúa su propio curso y es independiente de los delitos investigados por las autoridades estatales.
Horas antes de la entrevista, un juez de control de Chihuahua había vinculado a proceso a Jáuregui por el presunto ejercicio ilegal del servicio público y descartado la vinculación por coalición de servidores públicos, al estimar que no existían elementos suficientes para sostener esta última imputación en esa etapa. La resolución estatal no modificó la situación jurídica del exfiscal en la causa federal, por la cual permanece recluido en el penal del Altiplano, en el Estado de México. El juez local fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria y aclaró que la vinculación no representa una declaración definitiva de culpabilidad.
Campos también rechazó las versiones de que hubiera entregado a su antiguo colaborador para bloquear sus aspiraciones a la candidatura panista a la presidencia municipal de Chihuahua. Afirmó que había hablado con él en más de ocho ocasiones para advertirle sobre los riesgos que enfrentaba por el caso del narcolaboratorio, y sostuvo que la acusación federal respondió a una decisión ajena a su administración. La gobernadora relacionó el caso con la confrontación política que mantiene con Sheinbaum, aunque negó que hubiera existido un pacto entre ambas. Mientras tanto, Jáuregui enfrenta dos procedimientos distintos: el estatal, por el presunto ejercicio ilegal del servicio público, y el federal, por la imputación de presunta traición a la patria, cuya responsabilidad deberá determinarse mediante los procesos correspondientes.